La ley de la selva
26 de enero de 2026Contenido
El anuncio del Gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas encendió todas las alarmas.
La preocupación es más que justificada, pero la gravedad del asunto no deriva sólo de la tarifa ni de su impacto inmediato sobre la libre circulación de mercancías, sino de que se trata de un asunto tragicómico; Novoa jugando a ser Donald Trump desde este Macondo en el que vivimos, sin medir las graves consecuencias de esta parodia, que representa el quiebre del orden jurídico e institucional andino.
Si un miembro de la Comunidad Andina (CAN) decide, por caprichos presidenciales, acudir a una via de hecho y gravar de manera unilateral las importaciones de un socio comercial, está marcando el comienzo del caos en la región.
No se desconoce la grave crisis que existe en la frontera y que requiere atención urgente y respuestas efectivas, pero claramente los aranceles unilaterales no son la vía idónea para solucionarlos.
Estas medidas pueden despertar ímpetus nacionalistas y rendir políticamente, en el corto plazo, pero son profundamente irresponsables.
Primero, porque puede llevar a represalias “espejo” que pueden erosionar por completo el sistema andino y afectar de manera grave la industria el empleo y los consumidores, en ambos lados de la frontera.
Segundo, porque se impone la arbitrariedad: mañana cualquier desacuerdo o molestia, de un gobierno, podrá servir de pretexto para desconocer tratados internacionales y normas comunitarias.
De hecho, Colombia ha anunciado ya la imposición de una medida similar a 20 productos originarios del Ecuador y la suspensión temporal de las “transacciones internacionales de electricidad entre ambos países”; entiéndase la suspensión de la venta de energía a ecuador.
En la CAN, los países se comprometieron a eliminar los aranceles y demás barreras al comercio, en aras de garantizar la libre circulación de las mercancías originarias de la subregión, lo que implica la prohibición absoluta, de imponer gravámenes unilaterales.
Brincarse ese compromiso golpea a Colombia y deteriora la previsibilidad que necesitan las cadenas de suministro, encarece los costos, frena la inversión y mina la confianza entre los socios. Más grave aún, implica otorgar a Colombia un trato potencialmente discriminatorio, frente a terceros. No es exagerado pensar que este episodio puede marcar el comienzo del fin de lo que queda de la CAN.
Si se permite la imposición de este arancel, la CAN quedará reducida a un ente espectral, con un andamiaje desdibujado, y una arquitectura institucional, normativa y jurídica sobredimensionada, para un flujo comercial nimio, decadente y moribundo,
En este escenario nuestro país corre el riesgo de quedarse con todas las obligaciones, pero con ningún derecho.
Colombia debe responder con firmeza y serenidad. Firmeza, para defender los derechos del país y de su industria, y para exigir la restauración inmediata del trato arancelario cero.
La seguridad no puede convertirse en un cheque en blanco para dinamitar las reglas que requirieron ingentes esfuerzos y décadas construir.
Este momento obliga también a hacerse preguntas incómodas: ¿Realmente se justifica mantener un aparato comunitario tan mastodóntico y costoso si sus reglas no se respetan ni existen mecanismos expeditos y céleres para hacerlas cumplir?
Urge, entonces, replantear la coyuntura y diseñar una estrategia jurídica y política inmediata: coordinación con el sector privado, canales diplomáticos de alto nivel y una hoja de ruta que ponga condiciones claras para la normalización. Si cedemos en esto, mañana no habrá frontera comercial segura, ni para Colombia ni para nadie en la región.