Acceso a la información

¿Quién informa a quién?

01 de diciembre de 2025

Gabriel Ibarra Pardo

Socio de Ibarra Rimon
Canal de noticias de Asuntos Legales

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En los últimos años, la relevancia notable que han adquirido los influencers, en la sociedad, ha llevado a varios países a promulgar regulaciones específicas con el objeto de promover la transparencia y responsabilidad en el entorno digital.

Lo anterior por cuanto es cada vez más frecuente que la información que consumen las nuevas generaciones provenga, casi en su totalidad, de las plataformas sociales hasta el punto de que casi no consultan las fuentes de noticias formales.

Los niveles de desinformación y distorsión de la realidad y fenómenos como el ciberacoso y los discursos de odio, que son cada vez más frecuentes en las redes sociales, se han desbordado, amenazan con lesionar de manera grave el orden social y se han erigido en uno de los peligros más graves para la democracia.

Ello implica que los remedios a estas distorsiones y anomalías se deben abordar con un enfoque integral que comprenda la educación al usuario (alfabetización mediática y digital), la autorregulación de las plataformas y, cuando sea indispensable, la regulación gubernamental.

Respecto de este último tema, por ejemplo, el 25 de octubre de 2024, la Cyberspace Administration of China (CAC) que es la autoridad encargada de controlar los datos, el internet y las plataformas, en ese país, puso en marcha la implementación de un nuevo paquete regulatorio dirigido a los influencers.

Esas directivas requieren que quienes traten, en las redes sociales, temas de medicina, derecho, educación o finanzas, entre otros, cuenten con los títulos, certificaciones o formación profesional respectivos.

Así, plataformas como Douyin, Weibo y Bilibili están obligadas ahora a verificar estas credenciales y a garantizar que los contenidos incluyan citas claras, fuentes y advertencias sobre el uso de información de estudios o material generado por IA.

Sin embargo, esta regulación no ha estado exenta de críticas porque, aunque su propósito es aparentemente legítimo, parece que se está usando para censurar y limitar la libertad de opinión.

De acuerdo con el diario español El Dia, la plataforma Weibo suspendió más de 1.200 cuentas por compartir mensajes catalogados como “desfavorables” a la economía China. Un caso concreto es el del influencer Hu Chenfeng, quien a través de sus redes sociales resaltó las condiciones de pobreza y la falta de oportunidades del país; días después sus cuentas fueron eliminadas.

Algo similar ocurrió con Zhang Xuefeng, quien llamó la atención en las redes sociales sobre la falta de oportunidades para las familias humildes; sus videos fueron borrados y posteriormente cerraron sus cuentas.

En este contexto, resulta lamentable que una regulación que contiene elementos valiosos para meter en cintura los excesos y peligros de los influenciadores, se esté aplicando, más bien, para contribuir a la desinformación y a la manipulación de la opinión publica

Otros países también han implementado regulaciones contra la desinformación. España expidió, en el año 2004, la Ley de Influencers, que obliga a quienes superen un millón de seguidores o tengan ingresos de €300.000 anuales, provenientes de redes sociales y de su labor como influenciador, a registrarse y cumplir normas estrictas de transparencia publicitaria.

En cuanto a la alfabetización mediática y digital, es digna de mención la iniciativa lanzada en el año 2023 por el Aspen Institute de Alemania, que reunió a influenciadores de diversas partes de Europa para analizar y reforzar su papel frente a la desinformación en tiempos de crisis, y crear una red comprometida con la defensa de la democracia.

Es deseable que este proyecto sea emulado y replicado con ahínco en todas las latitudes.