Sin Chevron: más control judicial, menos deferencia
09 de diciembre de 2024Contenido
El 28 de junio de 2024 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos profirió la sentencia del caso Loper Bright Enterprises v. Raimondo que revocó la doctrina Chevron, precedente obligado en el derecho administrativo en los Estados Unidos desde 1984.
Según esta doctrina, cuando el texto de la ley era ambiguo, los tribunales debían remitirse a las interpretaciones razonables de las agencias administrativas encargadas de su implementación.
En el caso Chevron, el juez decidió acudir a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para que explicara un término ambiguo incluido en la Clean Air Act de 1977, cuya aplicación estaba a cargo de esa entidad. Gracias a la interpretación que hizo la autoridad del término “Fuente estacionaria de contaminación”, Chevron pudo hacer modificaciones a su planta industrial sin necesidad de obtener permisos de la Agencia, lo que no fue de buen recibo por parte de los grupos ambientalistas porque lo consideraron demasiado condescendiente con las compañías que realizaban actividades altamente contaminantes.
En el fallo de Loper Bright, la Corte revocó el precedente de Chevron y determinó que la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) exige que los tribunales ejerzan un juicio independiente al interpretar las leyes, sin que les esté permitido deferir la decisión, automáticamente, a la interpretación de la agencia correspondiente. La abolición de esta doctrina ha producido una gran agitación en la comunidad jurídica.
Así, por ejemplo, Blair Levin y Larry Downes, en un artículo del Harvard Business Review, criticaron este cambio de postura porque, en su opinión, podría llevar a litigios más largos en asuntos regulatorios.
Aducen que la falta de pericia técnica de algunos jueces puede llevar a incentivar a las partes para que ataquen sus interpretaciones, lo que resultará en apelaciones y recursos que extenderán los litigios.
En el ámbito del derecho de la competencia, Douglas Ross, profesor de la Universidad de Washington, señala que, tradicionalmente, la Federal Trade Commission (FTC) no ha dependido de la doctrina Chevron para respaldar sus interpretaciones al combatir y sancionar métodos desleales de competencia y prácticas engañosas. Por ello, el impacto de la eliminación de esta doctrina en la forma en que la FTC realiza su trabajo no sería significativo.
Sin embargo, al mismo tiempo, Ross señala que, aunque la FTC no ha dependido de esa doctrina, su abolición podría limitar la capacidad de la agencia para realizar algunas actuaciones como las que se llevaron a cabo bajo la dirección de Lina Khan.
Es el caso de la amplia interpretación que realizó la FTC de la Sección 5 de su ley fundacional (la FTC Act) para sancionar o prohibir conductas supuestamente anticompetitivas como la prohibición de cláusulas de no competencia en el ámbito laboral. Lo anterior, por cuanto la Comisión ya no podrá apoyarse en interpretaciones tan comprensivas de la Ley para justificar sus acciones regulatorias.
Esta perspectiva es compartida por Ilana Kattan, Logan Breed y Chuck Loughlin de Hogan Lovells, quienes afirman que, sin la doctrina Chevron, agencias como la FTC deberán ser más rigurosas al justificar sus interpretaciones legales, lo que podría limitar su flexibilidad para adaptarse a nuevas dinámicas del mercado y dificultar la persecución de nuevas conductas anticompetitivas.
Por consiguiente, se avizora que este cambio jurisprudencial restringirá el ámbito de acción de la FTC. Probablemente, sus interpretaciones serán más cuestionadas y objeto de mayor escrutinio por parte de los jueces.