¿Basta con la denuncia por hurto para que opere el seguro?
12 de noviembre de 2026Contenido
En los seguros de daños, cuyo propósito es proteger al asegurado como consecuencia de una afectación a un bien, es común encontrar coberturas frente al hurto. Entre los ejemplos más conocidos están los seguros de hogar, que amparan los bienes ubicados dentro de la vivienda, y los seguros de automóviles, que pueden cubrir la pérdida total del vehículo por hurto. Sin embargo, la afirmación de la ocurrencia de dicho hecho no implica automáticamente el nacimiento del derecho a la indemnización, pues es necesario acreditar que el siniestro efectivamente ocurrió.
Así lo establece el artículo 1077 del Cód. de Com., según el cual corresponde al asegurado demostrar tanto la ocurrencia del siniestro como la cuantía de la pérdida. Sin olvidar que para ello existe libertad probatoria, lo que significa que pueden emplearse todos los medios de prueba legalmente admisibles siempre que permitan generar certeza sobre la materialización del riesgo asegurado.
Desde esta perspectiva, los operadores jurídicos, incluyendo abogados y jueces, suelen enfrentarse a una pregunta recurrente: ¿es suficiente la denuncia presentada ante las autoridades para demostrar un hurto? La respuesta debería ser negativa cuando la denuncia constituye el único medio de prueba. Aunque se trata de un acto serio, realizado bajo la gravedad de juramento y con posibles consecuencias penales, sigue siendo una manifestación proveniente de quien afirma haber sufrido el hecho. Por ello, la sola denuncia no basta para tener por demostrado el siniestro.
Precisamente esa ha sido la razón por la cual la jurisprudencia colombiana ha sostenido que la denuncia no puede considerarse automáticamente prueba suficiente de la ocurrencia del hurto, toda vez que se trata de una afirmación unilateral realizada por la presunta víctima, el asegurado o incluso el demandante. En términos probatorios, nadie puede crear por sí mismo la prueba de aquello que pretende demostrar.
Por tal razón, resulta necesario que existan otros elementos de convicción que respalden la denuncia y le otorguen credibilidad. No se trata de exigir pruebas imposibles sobre el momento exacto en que ocurrió el hurto, pues muchas veces los hechos suceden sin testigos o registros directos. Lo que se busca es identificar circunstancias, actuaciones o evidencias anteriores o posteriores al evento que permitan confirmar la consistencia y veracidad de la versión presentada.
Esos elementos de respaldo son los medios de prueba consagrados en la ley, que, dependiendo del caso, pueden consistir en registros de cámaras de seguridad, testimonios, verificaciones realizadas por las autoridades, documentos, rastros electrónicos o cualquier otro medio que permita fortalecer la credibilidad de la denuncia.
De la misma forma, cuando existen pruebas que contradicen directamente lo narrado por el reclamante, como informes de investigadores o inconsistencias relevantes entre distintas versiones de los hechos, la denuncia pierde fuerza demostrativa y disminuye significativamente su mérito probatorio; lo que significa que hay mayor carga para el asegurado.
La protección al consumidor financiero tampoco modifica esta realidad. Garantizar los derechos de los consumidores supone asegurar procedimientos transparentes y decisiones justas, pero no implica relevar al reclamante de la carga de acreditar la ocurrencia del siniestro. De hecho, la exigencia de elementos objetivos que respalden una reclamación protege tanto a los asegurados legítimos como a la integridad del sistema asegurador.
En conclusión, la denuncia constituye un punto de partida indispensable para la investigación de un hurto, pero no es por si sola fundamento suficiente para declarar la ocurrencia de un siniestro amparado por una póliza, se requiere contar con elementos de convicción que respalden lo afirmado. Solo así es posible distinguir entre una reclamación legítima y una mera afirmación carente de soporte probatorio, preservando tanto los derechos de los asegurados como la seguridad jurídica que requiere la actividad aseguradora.