Con Dinamarca en la jugada, ¿Colombia regulará el uso de rrss en menores?

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Recientemente, Dinamarca dio un paso histórico al aprobar una ley que restringe el acceso a redes sociales para menores de 14 años, condicionándolo a la autorización explícita y razonada de los padres. En la práctica, esto significa que las plataformas no podrán abrir cuentas a menores sin una verificación documental del consentimiento parental, y los padres deberán justificar por qué consideran apropiado que sus hijos usen redes sociales. No se trata de una prohibición absoluta, sino de un modelo de responsabilidad compartida que busca proteger a la infancia en la era digital.

Más allá de su alcance local, la medida tiene implicaciones globales. En el mundo del derecho comparado, se conoce como el “efecto Bruselas” la tendencia según la cual las normas adoptadas en la Unión Europea se convierten, de facto, en estándares internacionales. Ha ocurrido con la protección de datos personales (el famoso GDPR), con la regulación ambiental y con la competencia digital. Ahora podría ocurrir con la protección de los menores frente a los algoritmos y la exposición temprana a redes sociales. Lo que empieza en Copenhague o Bruselas rara vez se queda ahí: pronto se convierte en modelo para el resto del mundo.

En Colombia, este debate no es nuevo. En 2024, el proyecto de ley 261 de 2024, casi idéntico al danés, fue archivado en el Congreso de la República. La iniciativa buscaba prohibir el acceso a redes sociales para menores de 14 años sin autorización parental, y exigir herramientas de control parental por parte de las plataformas. Sin embargo, el proyecto naufragó antes de llegar a segundo debate, luego de una intensa presión.

Lo grave no fue solo el naufragio del proyecto y la falta de debate técnico, sino la presión indebida sobre los parlamentarios. Esa amenaza simbólica refleja la asimetría de poder que caracteriza la desventaja competitiva de los países pequeños. Colombia, como muchas naciones de ingreso medio, vive atrapada entre el temor a incomodar y la urgencia de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Recordemos que en el ejercicio del lobby deben primar los elementos técnicos del debate, no las presiones sectoriales sobre el trabajo legítimo de un legislador.

De haberse aprobado, Colombia habría sido pionera mundial en regular el acceso infantil a redes sociales. Habríamos mostrado liderazgo normativo en un tema que hoy ocupa la agenda de la OMS, la Unesco y los ministerios de educación de todo el planeta. Pero preferimos el silencio. Hoy, mientras Dinamarca abre camino, nosotros seguimos discutiendo si regular es censurar o, si exigir responsabilidad a las plataformas equivale a limitar la libertad.

Es probable que, tras la decisión danesa, el debate renazca en el Congreso colombiano. Y sería lo justo. Porque la pregunta de fondo no es si los niños deben o no estar en redes sociales, sino quién debe cuidar su salud mental, su privacidad y su tiempo: ¿los algoritmos, los cuidadores o ambos?

Colombia no puede seguir actuando con miedo ni resignarse al papel de espectador en la era digital. Si el “efecto Bruselas” ya empezó a operar, tenemos la oportunidad de ser parte de esa ola, no su reflejo tardío. La protección de la infancia frente al entorno digital no debería depender de la valentía de unos pocos congresistas, sino de una decisión colectiva como sociedad…