El paro minero en Chocó, prueba para el Gobierno

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Luego del Congreso Nacional de Minería convocado por la Asociación Colombiana de Minería, surgen múltiples interrogantes de lo que dijo el ministro de Minas, Diego Mesa, o la viceministra Sandoval, sobre lo que en estos tres larguísimos años de período presidencial ha significado el sector minero para el Gobierno. Y si bien se trata de un Congreso de las grandes empresas del sector minero, en él se abordó la situación del sector incluyendo a los mineros tradicionales y de subsistencia, esos sí grandes mineros por las regalías que según la ANM dejan al país, pero pequeños e insignificantes por lo que representan para el Gobierno, que ha adelantado una persecución despiadada y enfurecida junto con la Fiscalía, la Policía y el Ejército en contra de esta actividad tan estigmatizada, al ser calificada como ilícita a pesar de gozar de reconocimiento legal y jurisprudencial.

Hace cuatro años, en el mismo Congreso tuve oportunidad, junto con algunos participantes, de conversar en la antesala a su presentación con el hasta entonces senador Iván Duque sobre cuáles iban a ser las prioridades en un eventual gobierno suyo para con el sector minero, y sus palabras hoy resuenan mis oídos cuando recuerdo escucharlo decir que “será una gran prioridad para mi gobierno desentrabar los grandes proyectos mineros estancados en el trámite de las licencias ambientales y las consultas previas…. y procurar alcanzar la formalización de la minería de subsistencia tan necesaria para la economía nacional”. Hoy, ni lo uno ni lo otro, y en esta ocasión, nuevamente los precandidatos desfilaron por las pasarelas del Hotel Hilton de Cartagena ante las grandes multinacionales mineras y los medios de comunicación haciendo las mismas promesas de campaña, salvo en el caso de Gustavo Petro, quien sí les dijo la verdad de su posición con respecto a la gran minería, de donde puedo afirmar que se seguirá escribiendo esta misma historia plagada de falsas promesas, buscando cautivar no al elector, sino a quien financie sus campañas.

Qué triste ver que este Gobierno se compromete en sus viajes internacionales con los ejecutivos de estas multinacionales a ponerles en bandeja de plata los títulos y las concesiones mineras para la explotación de nuestros recursos naturales, ocultándoles las imposibilidades que nuestra Anla establece en forma arbitraria e injustificada, como excusa para rechazar las licencias ambientales, presionada absurdamente por las ONG de izquierda, abiertamente antimineras, que bajo un ropaje ideológico se disfrazan de proambientalistas, entrabando y dilatando los trámites para su aprobación, para en últimas, terminar rechazándolas o archivándolas, desconociendo lo que ellas podrían representarle al país.

Quisiera haber podido escuchar a las cabezas del sector dar una explicación seria y razonada de ¿qué hizo este Gobierno para desentrabar esos procesos? señalando el número de licencias ambientales aprobadas y negadas, así como las multinacionales que abandonaron el país en estos últimos tres años con sentimientos de engaño y frustración producto de los trámites dilatorios y arbitrarios por parte de los funcionarios de la Anla.

Y cómo no haber aprovechado para solicitarle al Gobierno que le dé la cara al país, a los mineros y sus familias, y al sector en general, y fije su posición con respecto al trascendental proyecto de ley de bancarización, redactado con el único fin de resolver la problemática que afecta de tiempo atrás a la pequeña minería y a la minería de subsistencia, así como a los comercializadores y toda la cadena.

Llegó la hora que el Gobierno fije su posición, especialmente en momentos en que cientos de barequeros del Chocó, unidos a sus familias y las comunidades que habitan nuestro Pacífico, se han rebelado en contra del Gobierno, que, a pesar de las protestas y reclamos, se ha negado a escucharlos, en procura de que se cumplan los compromisos adquiridos en favor de los pequeños mineros. Qué doloroso drama el de estos mineros, que reclaman por lo que es de ellos, por lo que les pertenece y los asegura su subsistencia. Pasará en blanco el Presidente y el Congreso sin atender estos justos reclamos de tantos habitantes de este departamento tan abandonado por el Gobierno?