La hora de la minería

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Quizás, como en muy pocas ocasiones en los últimos años, la minería ofrece para nuestro país un panorama lleno de retos y oportunidades. De un lado, el alza creciente del dólar, que ya supera los $4.000 y del otro lado, los muy elevados precios de la onza del oro (U$1.800) y del cobre ofrecen una oportunidad para nuestra economía que no puede pasar desapercibida para el Gobierno y el Congreso, que buscan en la reforma tributaria la salida para la obtención de recursos vía impuestos para superar la crisis económica, cuando históricamente países como el nuestro han encontrado en los inmensos recursos del subsuelo su principal fuente de ingresos. Lamentablemente por decisiones equivocadas de quien fija las políticas del sector, o por la ausencia de decisiones como las que se observan en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales con su silencio, ambigüedad y morosidad en la toma de decisiones respecto de los trámites en el licenciamiento de grandes proyectos mineros, se reclama con urgencia una cirugía para alcanzar su crecimiento y capacidad para la toma de decisiones en temas fundamentales como la formalización y legalización minera.

A este escenario económico que ofrece un panorama muy optimista para la economía colombiana, si el Gobierno y el Congreso toman decisiones prontas y acertadas, se suma la del escenario legislativo, en mi criterio histórico y lleno de oportunidades, donde cursan tres proyectos de ley trascendentales para devolverle a la minería su rol como uno de los sectores más significativos de nuestra economía. De un lado, tenemos el proyecto de bancarización, que lidera el congresista conservador Nicolas Albeiro Echeverry, encaminado a generar condiciones para que el sector financiero atienda las necesidades y requerimientos en materia bancaria y financiera del sector, en especial, de la pequeña y mediana minería que constituyen la denominada minería de subsistencia o tradicional (que producen más de 80% del oro del país), conformada por indígenas y afrodescendientes, el que ya entra a tercer debate en el Senado; del otro lado, está el proyecto de legalización minera, de la senadora conservadora Nora García Burgos, focalizado a generar los mecanismos necesarios para la legalización de la minería ancestral y la pequeña minería, ordenando la elaboración de un plan único de legalización que le permitirá a más de un millón de mineros resolver su situación jurídica y legal, alejándolos de la estigmatización de que son víctimas, al ser considerados mineros criminales. Y el tercer proyecto de autoría del senador Jorge Robledo y el representante Jorge Gómez, que retoma temas contenidos en la Ley 1382 de 2010, que resolvería buena parte de la problemática minera nacional, con artículos relacionados con los distritos mineros nacionales, la integración de áreas y otros aspectos sobre la contratación de concesiones mineras, hace tránsito para segundo debate en el Senado.

No cabe duda que si estas leyes se aprueban, no sólo se reactivaría la minería como eje del crecimiento y progreso económico del país, generador de divisas y fuentes de trabajo, sino en especial, el país lograría superar la producción de las más de 200 toneladas de oro por año, lo que equivale a una suma aproximada de US$12.000 millones, lo que generaría un crecimiento en la tasa de empleo, regalías y otros gravámenes que se destinarían principalmente a atender las necesidades que hoy reclaman las comunidades de estas regiones apartadas del país.

Llegó la hora de volver la mirada a la minería como tabla de salvación económica del país; de que el Congreso le brinde su respaldo unánime a estas iniciativas legislativas tan importantes, que no obstante estar en etapa preelectoral, exige darle su impulso para la reactivación social y económica. Y al Gobierno, que cumpla su compromiso de campaña de darle el impulso necesario a la minería.