Infraestructura: la apuesta que Colombia no puede aplazar
10 de julio de 2026Contenido
Cada cambio de Gobierno en Colombia reaviva un debate que debería ser permanente: ¿cómo convertir la infraestructura en un verdadero motor de desarrollo económico y social? La pregunta no es retórica y de su respuesta depende la capacidad del país para conectar sus regiones, competir en mercados internacionales y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.
El contexto fiscal exige creatividad pues los recursos públicos son limitados y las demandas sociales, crecientes. Sin embargo, esta tensión no debe traducirse en parálisis; por el contrario, es precisamente en momentos de restricción presupuestal cuando la infraestructura puede convertirse en una herramienta estratégica capaz de generar empleo, dinamizar economías locales y atraer inversión privada como una fuente complementaria al presupuesto nacional.
Colombia cuenta con un marco jurídico robusto para el desarrollo de proyectos de infraestructura mediante asociaciones público-privadas y concesiones. El modelo ha demostrado su eficacia en las concesiones viales de cuarta generación y puede replicarse en otros sectores con igual éxito, por lo que la clave está en aprovechar los instrumentos existentes con decisión y visión de largo plazo.
El déficit de infraestructura sigue siendo considerable, pero más allá de las grandes autopistas, el país necesita conectividad real entre los centros de producción y los puertos del Caribe y el Pacífico. Además, se requiere el mejoramiento de vías veredales, municipales y departamentales que alimenten la red nacional. Igualmente necesita ferrocarriles donde la geografía y la demanda lo justifiquen, así como aeropuertos modernos que impulsen el turismo y los servicios, sectores que han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.
¿Cómo financiar estas inversiones sin comprometer las finanzas públicas? La respuesta está en los mismos mecanismos que han probado su eficacia, es decir con proyectos estructurados y financiados por el sector privado, con retornos basados en tarifas e ingresos propios de la infraestructura, pagaderos en horizontes de largo plazo. Este esquema funciona para grandes proyectos. Pero es momento de ir más allá.
Existen mecanismos adicionales para vincular los grandes proyectos de infraestructura con el desarrollo de la conectividad regional, como por ejemplo que los contratos incluyan, como componente integral, la construcción o mejoramiento de vías locales en las zonas de influencia del proyecto principal. No se trata de cargas adicionales, sino de una visión ampliada que genera beneficios tributarios locales, empleos formales y legitimidad social para las concesiones.
Los proyectos también pueden diseñarse para fortalecer su aceptación comunitaria. Estructuras tarifarias diferenciadas como peajes reducidos para residentes de los municipios donde se ubican las casetas. Lo mismo aplica para procesos ágiles de adquisición predial, programas de relacionamiento comunitario y una coordinación eficiente con las autoridades ambientales que permita conciliar la celeridad en la ejecución con la protección de los recursos naturales.
Por otra parte, existen proyectos aeroportuarios con estudios de factibilidad avanzados que podrían acelerarse con voluntad institucional y articulación entre las entidades competentes, pues no son pocas las ciudades capitales que enfrentan limitaciones de capacidad aeroportuaria que afectan su conectividad y competitividad. Avanzar en estos proyectos es urgente y otorga beneficios en un muy corto tiempo.
El sector de infraestructura tiene la capacidad técnica y financiera para responder a estos desafíos. Lo que se requiere es una política pública consistente, predecible y con visión de largo plazo para lograr que la infraestructura no sea un gasto sino una inversión que transforma territorios, conecta comunidades y sienta las bases para el crecimiento económico sostenido.