Hacia un marco legal que agilice la cofinanciación de proyectos de infraestructura social en Colombia
23 de diciembre de 2025Contenido
La cofinanciación de proyectos entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales es una herramienta esencial para cerrar brechas y garantizar el desarrollo regional. Sin embargo, la falta de lineamientos claros limita su alcance y genera retrasos en sectores críticos como salud y educación.
Las entidades territoriales en Colombia tienen la responsabilidad de generar la infraestructura necesaria para garantizar el bienestar de sus habitantes y la prestación de servicios esenciales como salud, educación, transporte y servicios públicos. Alcaldes y gobernadores conocen de primera mano las necesidades más urgentes de sus regiones y, con recursos limitados, deben priorizar proyectos estratégicos según sus planes de desarrollo.
Sin embargo, en muchos casos —especialmente en infraestructura educativa y de salud— las entidades territoriales deben acudir al Gobierno Nacional para obtener recursos adicionales. Este proceso suele convertirse en una carrera de trámites sectoriales, sin reglas claras que orienten la cofinanciación, lo que retrasa el desarrollo regional y genera costos burocráticos innecesarios.
Podría seguirse para el efecto el ejemplo de cofinanciación de sistemas de transporte masivo. En efecto, en dicho caso se cuenta con la Ley 310 de 1996, que establece requisitos y procedimientos para la cofinanciación. Si bien trata asuntos técnicos y complejos, deber reconocerse que se brindan lineamientos que ofrecen certeza sobre montos, garantías y obligaciones, facilitando la organización del transporte urbano en las regiones.
Así como existe este marco para el transporte, es urgente que Colombia cuente con una normativa general que incentive y agilice la cofinanciación de proyectos en todos los sectores estratégicos. No se trata solo de dinamizar la inversión pública: es una decisión de país que impacta directamente en la competitividad, la equidad y la calidad de vida. Cada día que se pierde en trámites genera un impacto social negativo. Por lo anterior, es clave que el país decida asumir este reto con visión de Estado, que genere inversión y desarrollo regional a corto y largo plazo.
El desarrollo regional requiere un pacto real: Gobierno Nacional y entidades territoriales deben asumir la cofinanciación de proyectos de infraestructura, especialmente social, como un compromiso para transformar vidas y cerrar brechas en los servicios públicos.