La monetización de los datos personales: un reto jurídico
09 de septiembre de 2025Contenido
En la actualidad, los datos personales se han convertido en el “petróleo” de la economía digital. Plataformas como redes sociales, aplicaciones móviles, motores de búsqueda y servicios de streaming encuentran en la información de sus usuarios el insumo fundamental para generar ingresos a través de publicidad segmentada, venta de perfiles y análisis predictivo. Sin embargo, esta práctica plantea serios dilemas jurídicos y éticos que el derecho aún se esfuerza por regular de manera adecuada.
El consentimiento informado es el primer punto de tensión. Aunque los usuarios suelen aceptar políticas de privacidad antes de acceder a un servicio, en la práctica se trata de textos extensos, técnicos y poco comprensibles, lo que debilita la validez de dicho consentimiento. Surge entonces la pregunta: ¿es realmente libre y consciente la decisión del usuario al permitir el uso de sus datos, o estamos frente a un consentimiento meramente formal?
Otro aspecto relevante es el valor económico de la información personal. Las plataformas obtienen ganancias millonarias gracias al tratamiento de datos, pero los titulares de esa información no reciben ninguna retribución, esto abre un debate sobre si los datos deberían considerarse un bien susceptible de generar derechos patrimoniales para sus titulares, o si su explotación debería limitarse a parámetros estrictos de protección de la privacidad.
Un ejemplo ilustrativo es el de la publicidad hipersegmentada en redes sociales, los algoritmos pueden predecir gustos, hábitos de consumo e incluso estados emocionales con sorprendente precisión, lo que no solo sirve para vender productos, sino también para influir en decisiones políticas o sociales. Esto nos enfrenta a un dilema mayor, si los datos son únicamente una mercancía o constituyen parte esencial de la autonomía y libertad personal .
Además, en un escenario donde las brechas digitales persisten, la monetización de datos puede profundizar desigualdades. Mientras las grandes corporaciones tecnológicas concentran el poder económico derivado de la información, los usuarios especialmente en países en desarrollo se ven reducidos a ser “proveedores gratuitos” de datos sin recibir beneficios tangibles. De ahí surge la necesidad de discutir modelos alternativos, como esquemas de participación en las ganancias, o sistemas que reconozcan el valor de la información personal como un activo económico del individuo.
En el ámbito comparado, la Unión Europea ha marcado la pauta con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que impone obligaciones de transparencia y otorga derechos claros a los usuarios, como el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de su información. En América Latina, países como México y Colombia cuentan con marcos normativos en la materia, pero todavía queda pendiente una discusión de fondo como hasta dónde puede llegar la monetización de datos personales sin afectar la dignidad humana ni los derechos fundamentales.
El reto para el derecho es equilibrar la innovación tecnológica y la libertad empresarial con la garantía de los derechos de las personas. La monetización de datos no es en sí misma ilícita, pero requiere reglas claras que aseguren un consentimiento real, límites a la explotación comercial y, sobre todo, mecanismos efectivos de control por parte de los titulares. Solo así se podrá avanzar hacia un modelo digital justo y respetuoso de la privacidad.