El presidente, Bogotá y el compromiso con el Caribe

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Desde entonces ha pendido sobre las cabezas de departamentos, distritos y municipios la espada de Damocles del centralismo, no obstante los logros que se han dado en los últimos 30 años con el fin de revertir una de las tendencias más nefastas para el desarrollo regional. 

A menos de una década de cerrar el Siglo XX, Colombia volvió a estrenar Constitución en medio de una violenta ofensiva guerrillera y narcoparamilitar.

Lo más afortunado de aquel entonces había sido la desmovilización del M-19 y su reincorporación a la vida civil y política, al punto que se convirtió en una de las tres fuerzas que dominó la Asamblea Constituyente presidida por una histórica trilogía representada en Horacio Serpa Uribe, Antonio Navarro Wolff y Álvaro Gómez Hurtado, tal vez tres de los hombres más inteligentes con los que ha contado la historia reciente de nuestro país.

La Constitución de 1991 oxigenó nuestra democracia, abrió las puertas al pluripartidismo, al Estado Social de Derecho, y a la reivindicación de la provincia al permitir la creación de la Región como entidad territorial.

Allí la Costa Caribe tuvo un papel que fue definitivo en la Asamblea con los constituyentes Eduardo Verano De La Rosa, Carlos Rodado Noriega, Orlando Fals Borda, Juan B. Fernández Renowitzky, Eduardo Espinosa Facciolince, Carlos Daniel Abello Roca y Hernando Herrera Vergara, entre otros de destacada trayectoria nacional y regional.

Veintitrés años después, nosotros tenemos la obligación de corregir el retraso que se evidencia frente al desarrollo legal de la Constitución. Lo logrado es importante pero insuficiente. En ese orden, el próximo Presidente de la República debe entender que la Costa Caribe no está para colocar votos a cambio de promesas ni que se le siga endulzando el oído para obtener de ella los favores electorales de siempre.

No. No puede seguir ocurriendo así. En la agenda legislativa que se inicia el próximo 20 de julio debe figurar el nuevo ordenamiento territorial que se requiere, al igual que los asuntos del posconflicto, la salud, la justicia y la política, por citar solo los aspectos más relevantes.

Creo además que el ordenamiento territorial es transversal a todo el conjunto de reformas que urge el Estado colombiano. A partir de una redefinición de lo territorial, se redefinen los recursos y las competencias, lo cual es también esencial para contribuir a la pacificación del país y a la creación de un mejor clima de equidad y justicia social.

En este contexto, me parece oportuna la serie de reuniones programadas entre los funcionarios del Caribe que hacen parte del Gobierno Nacional. Y mucho más importante es que los Senadores y Representantes a la Cámara elegidos el pasado 9 de marzo, nos reunamos pronto con ese grupo de distinguidos profesionales de alto nivel. Para unir esfuerzos y concretar una agenda regional a partir de lo que ya se ha reflejado en procesos recientes como el Compromiso y el Voto Caribe.

Así como pienso en el futuro de la Costa Caribe, también expreso mi solidaridad con Bogotá y sus gentes en este cuarto de hora que vive la capital del país con la salida del Alcalde Petro y la llegada de un encargado, el doctor Rafael Pardo Rueda, actual Ministro de Trabajo.

Este lunes el Consejo de Ministros debió acordar soluciones de fondo para Bogotá, lo cual merece el respaldo de todos los colombianos y el mío en particular como Senador de la República.