El fin de la normal anormalidad
04 de septiembre de 2026Contenido
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Colombia no vive una nueva normalidad. Vive el agotamiento de una anormalidad que el país trató de entender, pero jamás asimiló: obras que no avanzaron, laudos que la golpearon, y para ir al grano normativo, decretos que reescribieron las reglas de contratación a mitad del partido, casi siempre con un sello ideológico de quienes los concibieron. En 4 años la contratación estatal dejó de ser un valioso instrumento tendiente a satisfacer un interés general, para convertirse en apuesta de azar de unos pocos que pretendían unos réditos sociales que nunca alcanzaron la altura y la dignidad de lo que formularon como la gran maravilla salvadora para el crecimiento y desarrollo del país.
El caso que mejor lo ilustra no es de opinión, es de hechos fehacientes en su gran mayoría. Los artículos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 —Plan Nacional de Desarrollo— crearon las Asociaciones Público-Populares para contratar directamente, sin competir, con la "economía popular". El Gobierno las reglamentó con el Decreto 874 de 2024. Por fortuna y respeto a los postulados inquebrantables de la Constitución Política, la Corte Constitucional las excluyó del mundo jurídico al considerar que el Congreso no puede delegar en un decreto quién recibe recursos públicos sin competir, rompiendo abruptamente el maltratado principio de la selección objetiva por solo destacar este, y no angustiar más a los ya preocupados lectores. No es un fallo de izquierda ni de derecha: es la prueba togada, irrefutable, de que impulsar la economía popular saltándose la pluralidad de oferentes no es política económica, es antijuridicidad en su mayor esplendor.
No siendo poco, y como caso representativo de la extensa lista de prodigios, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres: el escándalo de los carrotanques de La Guajira, con sobrecostos que excedieron todo cálculo sobrenatural que pueda tener un proyecto.
Y de atajos que salen carísimos sabe la Ani: la terminación anticipada del contrato de la vía Antioquia – Bolívar, a la sociedad Ruta al Mar, adjudicataria del Contrato de Concesión APP No 016 de 2015 con un laudo de $3,5 billones, entre otras pretensiones, por la congelación política e ideológica de peajes en diciembre de 2023. Hoy hay múltiples procesos arbitrales activos contra el Estado con expectativas que de ser una realidad para quienes alegaron el desconocimiento contractual del contratante, afectarían las arcas públicas considerablemente. No es un cuento de fantasías, es la realidad de una "economía popular" que muchos proclamaron y predicaron sin saber ni siquiera de qué estaban hablando. Puro tilín, tilín, y de aquella prosperidad discursada nada.
El saldo agregado: 1.970 obras inconclusas —elefantes blancos, en toda su gloria— por $67 billones, según la Contraloría General de la República; y el sector Transporte con un cierre a 2025 con apenas 46,3% de ejecución presupuestal, la peor de su historia. ¡Que maravilla!
Hay que reconstruir, y sin duda alguna, hay que superar la desnaturalización de las economías de escala que errónea y efímeramente se impusieron a los trancazos, para revertir la normal anormalidad que imperó en estos años de padecimiento, y volver a una natural, obvia y lógica normal normalidad.