Transformando las finanzas con datos abiertos

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El uso de los datos abiertos sigue cobrando protagonismo. Las instituciones y los ciudadanos se familiarizarán cada vez más con este concepto, puesto que los beneficios y oportunidades que su desarrollo traerá les resultan más visibles, lo cual se debe al amplio valor que como Sociedad de la Información le hemos asignado a los datos.

Particularmente, en Colombia hemos avanzado de forma acelerada en la configuración de un marco regulatorio de datos abiertos, pasando de un modelo de intercambio de información voluntario entre entidades financieras a un modelo en el que es posible compartir datos provenientes de distintas fuentes y sectores, como el de telecomunicaciones o el de servicios públicos. Este avance se logró gracias al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, que abrió el camino para la implementación de un esquema de datos abiertos.

Sin embargo, un aspecto que ni el Gobierno, ni el sector privado, ni ninguno de los actores de este esquema pueden perder de vista, es la finalidad para la cual fue creado, que es la de “promover la competencia y la innovación para la inclusión financiera y crediticia”. Es pues esta inclusión financiera el centro y finalidad única que le brindó la ley, que cubre tanto el acceso a productos y servicios financieros, como su profundización y ampliación a todos los segmentos de la sociedad, según el alcance a esta expresión que se le ha dado en el CONPES de Inclusión y Educación Económica y Financiera.

En consecuencia, al incorporarse en este esquema datos e información proveniente de las empresas de servicios públicos, de telecomunicaciones, de proveedores de tecnología, de redes sociales, del sistema de salud, de los impuestos, entre otros, se logrará que más personas tengan acceso a productos financieros en el país, como por ejemplo el crédito, fortaleciendo así los procesos de las entidades estatales, brindando mayor autonomía al uso de la información, fomentando la innovación y el desarrollo económico.

Una investigación de McKinsey sugirió en el 2013 que algunos sectores (educación, transporte, productos de consumo, electricidad, petróleo y gas, atención sanitaria y consumo directo) podrían generar a nivel global más de 3 billones de dólares al año en valor adicional como resultado de los datos abiertos, propiciando iniciativas empresariales y contribuyendo a que las empresas establecidas segmenten mercados, definan nuevos productos y servicios y mejoren la eficiencia de las operaciones. Incluso, otra investigación más reciente (2021), señaló que las economías que adopten el intercambio de datos para las finanzas podrían ver ganancias del PIB de entre 1 y 5 por ciento para 2030, y los beneficios fluirían especialmente hacia las personas.

En últimas, los procesos de análisis y transformación de los datos son los que generarán valor al ecosistema, pues a partir de esta transformación se podrán crear productos y servicios financieros ajustados a las necesidades de los consumidores, propiciando escenarios de innovación y la consolidación de nuevas líneas de negocio. Todo ello se traduce en oportunidades para la profundización financiera y crediticia, finalidad última de este esquema.

Y todo lo anterior estará soportado, de manera acertada, en las leyes relacionadas con el régimen de protección de datos personales y el habeas data financiero, crediticio y comercial, las cuales garantizarán que se proteja a los titulares de la información, es decir, a las personas a las que hace referencia la información, lo cual conlleva, por ejemplo, que debe contarse con su autorización para el tratamiento y circulación de sus datos. Por tanto, el esquema de datos abiertos es claro que fomenta la inclusión financiera, pero lo hace respetando los derechos constitucionales de quienes son titulares de los datos.

*José Manuel Gómez Sarmiento, Vicepresidente Jurídico de Asobancaria