Productividad formal para un país competitivo
26 de junio de 2026Contenido
La productividad formal es la deuda que Colombia arrastra detrás de sus cifras de crecimiento; buena parte de la actividad económica del país opera fuera de la empresa formal, sin acceso real a crédito, sin activos jurídicamente reconocibles, sin protección de activos intangibles que diferencian su producción y sin posibilidad de escalar hacia mercados de mayor valor, todo lo cual contradice el mandato del artículo 333 de la Constitución, que reconoce a la empresa como base del desarrollo y ordena al Estado estimular el desarrollo empresarial, y la obligación del artículo 334 de dirigir la economía para mejorar la calidad de vida y distribuir equitativamente las oportunidades del desarrollo nacional.
El gobierno que inicia en agosto encontrará ese problema con brechas y datos documentados. Por ejemplo, más del 55% de la fuerza de trabajo opera en informalidad según el DANE —proporción que en zonas rurales dispersas alcanza el 83%—, las capacidades productivas y competitivas permanecen territorialmente concentradas como lo documenta el Índice Departamental de Competitividad del Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, y la inversión extranjera directa hacia Colombia registró resultados inferiores a los de 2023 según la CEPAL, en un contexto donde el crimen tiene un impacto económico estimado por el BID y Fedesarrollo en el equivalente al 3,6% del PIB y donde la extorsión, según registros del Ministerio de Defensa, alcanzó en 2024 niveles históricamente altos con efectos directos sobre la decisión empresarial de invertir, formalizarse y permanecer en los territorios.
El sector de comercio, industria y turismo tiene la capacidad institucional y sectorial para jalonar esa productividad, pero hacerlo exige condiciones que hoy no están distribuidas de manera uniforme. Condiciones de orden público que permitan operar sin que la extorsión, la amenaza o la presencia de economías ilegales determinen si una empresa invierte, contrata o permanece, seguridad jurídica que haga predecibles las reglas de mercado, la competencia y la contratación, y seguridad económica que garantice acceso a financiamiento con activos reconocibles por el sistema financiero, protección de intangibles a través del sistema de propiedad industrial, con el propósito de generar visibilidad en los mercados y herramientas de apalancamiento frente al sistema financiero—, y marcos contractuales que respalden la inversión de largo plazo; pues en artesanía, turismo, gastronomía, manufactura regional y economía creativa, Colombia tiene actividad productiva con valor e identidad probados cuyo reto pendiente es convertirse en empresa formal capaz de ser protegida, financiada y conectada con mercados nacionales e internacionales..
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) advirtió que la inversión extranjera directa mundial, excluidos los flujos de centros financieros, cayó un 11% en 2024, mientras la CEPAL identificó que América Latina enfrenta simultáneamente baja capacidad de crecimiento, alta desigualdad y debilidad institucional, trampas que solo se superan si la inversión extranjera directa se enmarca en políticas de desarrollo productivo que generen capacidades reales en los países receptores; lo que en el caso colombiano significa que la red de acuerdos comerciales vigentes con los principales bloques económicos solo se convierte en ventaja competitiva cuando hay empresa formal capaz de cumplir estándares internacionales, proteger sus activos y operar con la seguridad jurídica y física que toda inversión exige antes de comprometerse.
Colombia cuenta con regulación de mercados y competencia, sistemas de propiedad industrial, financiamiento empresarial, instrumentos de promoción de exportaciones y redes de desarrollo territorial, y el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, en cumplimiento del artículo 339 constitucional, es el vehículo para integrar esos instrumentos en una política de productividad con metas verificables de formalización, acceso a crédito, protección de activos e internacionalización por territorio; no se trata de crear nuevas instituciones, sino de garantizar que las existentes operen como sistema coherente con presencia real donde la empresa todavía no logra nacer, crecer y permanecer.