Tecnología y equidad
15 de febrero de 2021Contenido
La situación de desigualdad social es un asunto de alta prioridad en todas las economías del mundo. Aparte del impacto intrínseco que genera el contar con bajos ingresos, los segmentos de la población con menores ingresos están en una posición de doble desventaja, pues la precariedad de su economía familiar les impide el acceso a bienes públicos esenciales que influyen en la calidad de vida y que sirven de palanca para el ascenso social.
Identifico tres campos fundamentales en los que las barreras de acceso se hacen mayores para las poblaciones de menores ingresos:
(i) Educación. Una mejor calidad de la educación está distribuida de forma asimétrica entre los distintos grupos poblacionales, con un marcado énfasis hacia los colegios y universidades que atienden las zonas o segmentos de mayores ingresos.
(ii) Justicia. Las zonas más apartadas, usualmente las más pobres, sufren barreras geográficas y de información más altas para entrar al sistema judicial. A su vez, la mora judicial afecta más severamente a las personas de menores ingresos, pues la espera de 10 años o más para recibir una sentencia a favor es más onerosa para quien no tiene otras alternativas para suplir el lucro cesante.
(iii) El acceso al crédito. Aunque los índices globales de bancarización vienen mejorando, el crédito y los demás servicios financieros, -instrumentos esenciales para el desarrollo- siguen siendo un recurso escaso y de difícil acceso para las personas más pobres.
En adición a esos tres frentes estructurales, es preciso tener en cuenta un aspecto que es transversal y subyacente a toda la agenda regulatoria en pro de la igualdad social, como lo es el uso de la tecnología.
Tal como ha pasado con la llegada del Internet, el acceso a la tecnología en general es visto como un factor determinante para nivelar la cancha social. Aunque evidentemente no toda la población tiene acceso en similares condiciones a los recursos tecnológicos, es notable el efecto que la tecnología tiene en la homogeneización de las oportunidades para grandes segmentos de la población.
La llegada de la telefonía móvil y el acceso a la red generó una maravillosa revolución en materia de acceso al conocimiento y a herramientas que han servido para mejorar la calidad de vida de las personas y su autonomía para gestionar el progreso personal. Los gobiernos han venido haciendo una buena tarea en generar las condiciones adecuadas para estimular un mejor aprovechamiento de la tecnología por parte de toda la población.
La pandemia del covid-19 ayudó a acelerar la virtualización de muchos servicios y trámites públicos, lo cual también contribuye en el mejoramiento de las condiciones de igualdad.
El paso que sigue debería ser la implementación a gran escala de sistemas basados en tecnología blockchain, lo cual puede significar una nueva revolución en la generación de seguridad jurídica y modelos más simples y eficientes en casi todos los temas en que interactúan el sector público y privado.
Blockchain ofrece un sistema descentralizado de gestión que crea condiciones de seguridad plena y trazabilidad total, lo cual puede resultar en una transformación radical para una enorme cantidad de servicios estatales, tales como: registro de propiedades, gestión predial, entrega de subsidios o beneficios, servicios de salud, conciliaciones y servicios de justica, entre otros.
De la misma manera que el gobierno viene gestionando un sandbox regulatorio para la banca abierta, resultaría de gran relevancia que se haga lo propio para el análisis de la aplicabilidad práctica de la tecnología blockchain para el mejoramiento de los servicios y las funciones estatales, en conexión con la generación de condiciones para avanzar en la igualdad social.