Datos, poder y democracia: retos de cara a las elecciones de 2026

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Colombia se aproxima a las elecciones de 2026 en un entorno político fuertemente polarizado y enmarcado en un contexto tecnológico reconocido por la hiperconectividad, la velocidad de la información y una creciente sofisticación tecnológica en las campañas electorales. Hoy, la disputa por el voto no se libra únicamente en plazas públicas o debates televisados, sino en bases de datos, algoritmos, segmentaciones digitales y contenidos diseñados a la medida de cada ciudadano. Este nuevo escenario plantea una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿estamos preparados para garantizar una democracia transparente y de libre voluntad del elector frente a las diversas amenazas del avance tecnológico?

El uso de datos personales con fines políticos no es, por sí mismo, ilegal ni ilegítimo, de hecho, hoy en día es una herramienta imprescindible para cualquier tipo de campaña política. El problema surge cuando la recolección, análisis y circulación de esa información se hace sin límites claros, sin transparencia y sin respeto por los derechos de los titulares. La experiencia internacional ha demostrado que, cuando los datos, en conjunto con las redes sociales, se convierten en armas de persuasión masiva, la libertad del elector se ve seriamente comprometida.

Uno de los casos más ilustrativos fue el de Cambridge Analytica, que reveló cómo la información personal de millones de ciudadanos fue utilizada sin autorización para perfilar votantes y dirigir mensajes políticos diseñados para influir en sus emociones, temores y decisiones. Este episodio dejó una lección clara: la manipulación de datos personales puede alterar la percepción de la realidad y distorsionar procesos democráticos enteros.

Colombia no es ajena a estos riesgos. En procesos electorales recientes se han denunciado prácticas como el envío masivo de propaganda sin consentimiento, la circulación de desinformación en redes sociales y el uso de bases de datos de origen incierto. A esto se suma un fenómeno aún más preocupante: la proliferación de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, como los deepfakes, capaces de crear audios, imágenes o videos falsos con una apariencia de autenticidad difícil de detectar. En este contexto, el daño ya no es solo a la privacidad, sino a la capacidad misma del ciudadano de decidir con información veraz.

Frente a este panorama, el derecho fundamental al habeas data adquiere una relevancia central. Los ciudadanos deben recordar que no son un segmento electoral ni un perfil de campaña: son titulares de derechos. Tienen derecho a conocer quién trata su información, con qué finalidad, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones de seguridad. Tienen derecho a oponerse al uso de sus datos con fines políticos, a exigir su eliminación y a reclamar cuando su información —especialmente la sensible, como su orientación política— es utilizada sin autorización.

En este punto, resulta útil observar cómo otras democracias han abordado estos riesgos. En Europa, el Consejo de Europa, a través del Convenio 108, adoptó en 2021 directrices específicas para el tratamiento de datos en campañas políticas. Estos lineamientos parten de una premisa contundente: el uso de datos personales en contextos electorales puede afectar directamente la libertad de pensamiento y la autodeterminación política de los ciudadanos. Por ello, imponen estándares reforzados de transparencia, limitación de finalidad y una especial restricción al uso de datos sensibles, así como controles estrictos frente al perfilamiento y la microsegmentación política. El mensaje europeo es claro: la innovación tecnológica no justifica la manipulación del elector ni la opacidad en el uso de su información personal.

Este enfoque refuerza un mensaje que Colombia no puede ignorar. La protección de datos personales en campañas electorales no es un asunto accesorio ni meramente técnico; es una condición básica para preservar la legitimidad del proceso democrático. Cuando los datos se utilizan sin control, se fragmenta el debate público, se crean burbujas informativas y se condicionan decisiones que deberían ser libres e informadas.

De cara a las elecciones de 2026, el país necesita a una Superintendencia de Industria y Comercio, que no solo se supedite a la emisión de recomendaciones o lineamientos para tratamiento de datos personales con fines políticos, requiere de una entidad verdaderamente activa, vigilante y exigente frente a todos los actores que tratan datos personales en este marco: partidos, candidatos, consultores, empresas de marketing político y plataformas digitales. La protección de los datos de los colombianos no puede quedarse en el papel; debe traducirse en una educación permanente del ciudadano, control efectivo, sanciones oportunas y mensajes claros de que el cumplimiento es innegociable.

La tecnología seguirá avanzando y será cada vez más inevitable la reiteración de casos como el de Cambridge analítica, con mayor tecnología e impacto en el elector, es por esto que se hace cada vez se hace más relevante el respeto por los datos personales, la transparencia en su tratamiento y la vigilancia institucional, los cuales son pilares indispensables para garantizar elecciones libres y transparentes.