Una Golden Visa para el Colombian Dream

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Indonesia acaba de aprobar una ley que crea un Centro Financiero Internacional (“CFI”).
Esta norma fue aprobada por unanimidad de todos los congresistas en tan solo dos
semanas. A través de este CFI se generan exenciones o vacaciones fiscales (tax holidays) del
impuesto sobre la renta corporativa de muy larga duración.

Autoridades y legisladores han hablado incluso de hasta 50 años para ciertos inversionistas calificados. Asimismo, se contemplan exenciones de retención en la fuente sobre dividendos y determinados rendimientos para inversionistas extranjeros; exención del IVA y de ciertos impuestos indirectos dentro del centro financiero; posibilidad de operar en monedas extranjeras, una excepción importante frente al régimen general indonesio; beneficios migratorios vinculados al programa Golden Visa; y un régimen especial para profesionales
extranjeros del sector financiero.

Además, se crea un Centro de Resolución de Disputas especializado para las inversiones realizadas en el CFI. Este concepto no es nuevo. Los Emiratos Árabes Unidos lo implementó hace años con gran éxito. Ahora, Turquía ha desarrollado su propio CFI con beneficios como 20 años de exención fiscal para ingresos provenientes del exterior, una tarifa del 1 % sobre las ganancias ocasionales y la posibilidad de obtener la ciudadanía mediante una inversión
inmobiliaria de 400.000 dólares.

Claramente, existe una competencia internacional para atraer inversionistas estratégicos que puedan generar un cambio en la estrategia país de largo plazo. La pregunta es: ¿Por qué Colombia no ha adoptado esta estrategia? ¿Qué le impide hacerlo? Colombia tiene las características necesarias para convertirse en un polo de atracción masiva de individuos de alto patrimonio, family offices, emprendimientos, startups, fintechs y otros actores similares. Cuenta con el potencial humano, la infraestructura física, la conectividad y una calidad de vida inmejorable.

Sin embargo, adolece de dos problemas principales: un régimen tributario prohibitivo y una obstinación por impedir la existencia de cuentas locales en divisas. El problema fiscal, en lo que respecta a las personas naturales que se acojan al régimen, podría resolverse fácilmente mediante un sistema de impatriados, similar al que existe en España con la denominada Ley Beckham, que exonera a quienes se acogen a ella de tributar por sus ingresos de fuente extranjera durante un periodo de seis años.

En cuanto a las personas jurídicas, bastaría con exonerarlas del pago de impuestos durante un plazo considerable, siempre que exista, y se mantenga, un compromiso de contratación de personal local mediante contratos de trabajo. Por su parte, un régimen bancario multimoneda podría establecerse mediante una ley que permita que, en una determinada zona geográfica, existan cuentas y productos financieros denominados en distintas monedas: dólar, euro, libra esterlina, yen, entre otras.

La creación de un CFI, acompañado de una regulación especial en materia fiscal,
migratoria, cambiaria y de resolución de conflictos, podría transformar por completo el
destino de una determinada zona geográfica. Si este Centro Financiero Internacional se estableciera en San Andrés y allí se instalaran empresarios extranjeros con sus familias y sus family offices, el entorno económico de la isla cambiaría de tal manera que el verdadero reto sería definir dónde construir una marina de gran calado para amarrar los superyates de 300 pies.