La justicia en cuidados intensivos: el recorte a la defensoría pública profundiza la crisis

Contenido

Reducir el presupuesto de la defensoría pública no es un ajuste administrativo: es una decisión que debilita el derecho de defensa y expone, sin matices, la crisis estructural de la justicia.

En Colombia, decir que la justicia “cojea” ya no es una metáfora. Las recientes decisiones presupuestales —en particular, el recorte al sistema de defensoría pública— confirman una tendencia preocupante: la justicia se ha convertido en una variable de ajuste.

Durante más de tres décadas, el sistema de defensoría pública —a cargo de la Defensoría del Pueblo de Colombia— ha permitido, gracias a la dedicación, compromiso y carga profesional asumida por cada defensor público, materializar uno de los pilares del proceso penal: la defensa técnica efectiva. No se trata de una concesión del Estado, sino de una garantía constitucional estructural, sin la cual el proceso penal pierde legitimidad.

Reducir los recursos destinados a este sistema no es un ajuste menor: es una afectación directa al equilibrio del proceso penal. Sin defensa efectiva, no hay garantías, no hay contradicción probatoria; sin ello, no hay juicio justo.

El problema es más profundo. La justicia ordinaria opera con un déficit estructural de jueces, fiscales y personal de policía judicial que desborda cualquier estándar razonable de funcionamiento. La congestión judicial no es consecuencia del modelo procesal, sino de la falta de capacidad institucional. Sin embargo, la respuesta recurrente ha sido reformar normas, no fortalecer la operación.

A esto se suma una realidad poco visible pero crítica: la precariedad de la infraestructura judicial. En buena parte del país, la administración de justicia funciona en condiciones que no garantizan estándares mínimos de dignidad. El acceso a la justicia se convierte así en una promesa formal sin respaldo material. En contraste, otras jurisdicciones —particularmente las de carácter transicional—han recibido una asignación de recursos significativamente mayor. Sin desconocer su origen ni las buenas intenciones que las impulsaron, su resultado histórico, medido frente a la resolución estructural del conflicto, es un fracaso. En múltiples casos, estos mecanismos han sido instrumentalizados por actores del propio conflicto con fines políticos, lo que ha desnaturalizado sus objetivos.

Por ello, la priorización presupuestal en favor de estos esquemas resulta definitivamente cuestionable, sobre todo cuando la justicia ordinaria permanece desfinanciada.

La pregunta es inevitable: ¿ha sido eficaz esta apuesta? La respuesta exige una revisión de fondo, que pasa por una delimitación funcional rigurosa y una reconfiguración progresiva de estos mecanismos, con el propósito de reorientar esfuerzos hacia el fortalecimiento de la justicia ordinaria, incluso mediante herramientas propias del sistema penal como el principio de oportunidad.

Las señales recientes refuerzan la preocupación. El Decreto 0313 de 2026, presentado como un reajuste, impacta en la práctica la remuneración real de los servidores del sector justicia. No es una medida aislada, sino parte de una lógica de debilitamiento progresivo.

Así, la vieja idea de la justicia como “patio trasero del Estado” deja de ser un lugar común para describir una política pública. Menos recursos significan procesos más lentos, menor calidad en las decisiones y una erosión directa de la confianza institucional.

El problema no es la falta de reformas, sino la dirección de las decisiones. Mientras se recorta la defensoría pública —especialmente a los defensores de oficio— y se mantienen déficits estructurales, la discusión normativa pierde relevancia. La justicia no falla por falta de leyes, sino por falta de capacidad real para operar.

Corregir el rumbo implica una decisión política: priorizar el fortalecimiento de la justicia ordinaria, dotarla de recursos suficientes, dignificar a quienes la sostienen y garantizar que el acceso a la justicia deje de ser una promesa para convertirse en una realidad.

Reducir el presupuesto de la justicia no es un error técnico. Es una elección. Y sus efectos los asume toda la sociedad.