Sometimiento a la justicia: una oferta generosa, pero no absoluta
10 de noviembre de 2026Contenido
La justicia no se negocia; el sometimiento a ella sí puede estimularse mediante beneficios legales. Esta es, a mi juicio, la diferencia fundamental entre el modelo de sometimiento aprobado por el Congreso de la República y la concepción de negociación que caracterizó buena parte de la denominada política de la paz total.
La nueva orientación parte de una premisa jurídica esencial: el Estado no necesita reconocer legitimidad política a una organización criminal para ofrecer a sus integrantes una oportunidad de abandonar la ilegalidad. Tampoco tiene que negociar con sus cabecillas las condiciones de aplicación de la ley. Es el ordenamiento jurídico ya establecido el que define anticipadamente los requisitos, las consecuencias y los límites del tratamiento penal.
La pregunta es entonces inevitable: ¿hasta dónde puede el Estado flexibilizar las consecuencias del delito para conseguir el desmantelamiento de una organización criminal, sin renunciar a su obligación constitucional de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables?
La respuesta exige comprender el concepto de tratamiento penal diferenciado. Se trata de un instrumento de política criminal mediante el cual el legislador establece consecuencias jurídicas particulares, atendiendo a criterios objetivos como el grado de responsabilidad, la gravedad de las conductas y las contribuciones efectivas al sometimiento. No supone crear una justicia paralela ni sustituir la responsabilidad individual por compromisos colectivos.
La oferta estatal puede ser generosa, pero no absoluta. Las rebajas punitivas y demás beneficios no constituyen derechos incondicionados ni recompensas por el simple anuncio de abandonar las armas.
Su justificación reside en obtener resultados concretos: esclarecer delitos, identificar responsables, entregar bienes ilícitos, reparar a las víctimas y desmantelar estructuras criminales. Quien voluntariamente acepta su responsabilidad y se somete a la justicia debe comprender que su conducta ha quebrantado el ordenamiento jurídico, afectado a la sociedad y causado daños que requieren una respuesta.
El sometimiento no puede convertirse en un mecanismo para eludir esas consecuencias, sino en una oportunidad jurídicamente regulada para asumirlas. Desde esta perspectiva, resulta razonable diferenciar el tratamiento de los integrantes de base del correspondiente a quienes han ejercido funciones de dirección o mando. La responsabilidad penal es individual y exige valorar la intervención de cada persona. La pertenencia a una organización no sustituye la prueba de los delitos atribuidos ni autoriza a desconocer el debido proceso.
El proyecto aprobado incorpora, según lo conocido del debate legislativo, rebajas punitivas diferenciadas, restricciones efectivas de la libertad y exclusiones relacionadas con conductas especialmente graves. Son elementos que apuntan a preservar una respuesta penal real, aunque su suficiencia constitucional dependerá del alcance definitivo de las disposiciones y de su aplicación judicial.
La jurisprudencia constitucional, particularmente la Sentencia C-370 de 2006, ofrece criterios fundamentales: los tratamientos penales especiales deben guardar una relación efectiva con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Los derechos de las víctimas no pueden quedar reducidos a declaraciones de buena voluntad.
De allí que los compromisos de quienes se sometan deban ser verificables, exigibles y susceptibles de control judicial. No basta prometer colaboración; es necesario demostrarla. Tampoco basta entregar las armas si permanecen intactas las economías ilícitas, las redes de corrupción y las estructuras que hicieron posible la actividad criminal.
El éxito de este modelo no deberá medirse por el número de sometidos ni por la cantidad de beneficios concedidos. Su verdadera medida será la capacidad de recuperar el control legítimo de los territorios, reducir la criminalidad, esclarecer los delitos y ofrecer respuestas efectivas a quienes padecieron sus consecuencias.
El sometimiento a la justicia debe representar el reconocimiento de la autoridad del Estado, no una negociación sobre su legitimidad. La generosidad de la ley encuentra su límite en los derechos de las víctimas y en el deber constitucional de hacer justicia.