Un poco de coherencia, por favor

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Albert Camus, en 1942, presentó a la sociedad el mito de Sísifo. Un ensayo donde desarrolló el concepto del hombre absurdo y rebelde. Camus en su diatriba existencialista, expone metafóricamente como Sísifo, ciego y en su castigo proporcionado por los dioses, en innumerables ocasiones trata de llevar una piedra a cuestas a la cima de una montaña, casi al llegar caía. Una y otra vez. Generando en el mismo contexto esperanza y frustración.

Atreviéndome vulgarmente a transpolar el concepto a la realidad jurídico penal del país, el penalista debe ser aquel hombre rebelde, que, en contraposición al hombre absurdo, que no se conforma ni acepta las situaciones por el hecho de existir, si no debe siempre, activamente, en todos sus contextos, propagar por un sistema judicial coherente con la Constitución y la ley. Y esta, indudablemente se basa en la dignidad humana presupuesto fundante del Estado Social de Derecho, en la misma línea, todo el sistema penal tiene como piedra nodal este principio además de ser garantista y por supuesto entiende la libertad como un derecho fundamental, en torno al cual, giran absolutamente todos los procedimientos, tanto así, que, sobre el papel, esta solo puede ser restringida excepcionalmente.

En la expectativa general legal en paralelo con las políticas de estado, solo existen ápices ínfimos de satisfacción. En esto soy un abanderado pequeño y tal vez insignificante, pero la tranquilidad me la da el hecho de ser coherente en el discurso pro libertad. Y todo este sistema está en crisis debido a una “política criminal” acéfala, desorganizada y sin liderazgo. Y por supuesto el líder debe ser el Fiscal General de la Nación.

En sus declaraciones sobre diversos proyectos de ley no se logra entender un discurso coherente. Solo se evidencia un concepto de justicia completamente retribucionista al dispar de afirmaciones incoherentes.

Ley 1760, mediante la cual se reguló lo relativo a la duración indiscriminada de las medidas de aseguramiento intramurales (que, por presiones de todos los sectores, se aplazó su vigencia en un año), el Fiscal, lanza en ristre, manifestó que más de 12.000 detenidos preventivamente quedarían en libertad lo cual afectaría gravemente la seguridad de diferentes entes territoriales municipales y departamentales, así mismo, según la revista Semana, está en una carrera titánica de aplazamientos para evitar que esto se consume, al momento van más de 4.000 solicitudes. De otra mano en la misma reunión manifestó que el derecho penal solo debe perseguir las conductas más gravosas, y de la mano del Procurador General de la Nación, anunció que promoverán un proyecto de ley donde buscarán despenalizar bastantes conductas, así mismo en otros escenarios promueve la efectiva extinción del dominio para mejorar la infraestructura carcelaria.

Primero, el sindicado no tiene la responsabilidad de la hiperinflación legislativa, congestión judicial, en general de la ineficiencia del Estado por sus falencias endógenas. Ese cáncer que se llama “ausencia de política criminal”. Señor Fiscal sea coherente, no podemos en una mano perseguir personas que no han sido condenadas y de otro buscar la excarcelación masiva de personas, despenalizando conductas, por las que esos detenidos podrían ser condenados. Lo invito a tener un discurso único en pro de las garantías. Y solo le dejo un dato, los cupos carcelarios desde los años 80 solo han venido creciendo y aun así no damos abasto. Algo básico, no todo se arregla con cárcel.