El Gobierno acelera la regulación del negocio en salud

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A días del relevo presidencial del 7 de agosto, el Ministerio de Salud y Protección Social pisa el acelerador. Cinco proyectos de regulación en curso apuntan a una misma transformación: que la prestación del servicio de salud deje de medirse por trámites cumplidos y pase a medirse desde la apertura de una sede hasta la entrega del tratamiento y el pago. No son expedientes separados. Son piezas de una arquitectura que puede cambiar costos, contratos y posiciones de mercado.

La primera pieza está en la puerta de entrada. La actualización de la habilitación permitiría establecer reglas según el territorio, realizar trámites sin costo y otorgar hasta cuatro años de adaptación en zonas alejadas. Para una IPS, la decisión de abrir, mantener o adquirir una sede ya no dependería de replicar un estándar nacional, sino de calcular qué exige cada territorio, cuánto capital demanda y qué riesgo asume la red.

Una vez habilitado el servicio, la reforma al SOGCS llevaría la calidad a la mesa de gerencia. El modelo de madurez, la supervisión según el riesgo y el desempeño, y la inclusión de gestores farmacéuticos y operadores logísticos ampliarían el perímetro de responsabilidad. La calidad dejaría de ser un archivo del área técnica: entraría en la selección de proveedores, en los indicadores contractuales, en los incentivos y en las decisiones de inversión.

Después viene la prescripción. El proyecto sobre tecnologías no financiadas con la UPC fija plazos para validaciones, suministro y juntas y busca ordenar los recobros ante ADRES. La consecuencia económica está en la caja: menos días de trámite pueden reducir la cartera y las controversias; cada incumplimiento puede trasladar costos entre EPS, IPS, proveedores y operadores. Los contratos deberán definir quién responde cuando el paciente recibe tarde, el soporte no coincide o el recobro se objeta.

Pero ningún plazo sirve si el producto no existe. SISCAATS convertiría inventarios, unidades distribuidas e incidencias de abastecimiento en datos regulatorios. Laboratorios, importadores, mayoristas, EPS, IPS, gestores y operadores tendrían que alinear sus pronósticos, compras y reportes. Una ruptura de suministro dejaría de ser un problema entre comprador y vendedor: podría activar el seguimiento estatal y exponer fallas de planeación o de ejecución contractual.

La compra centralizada de Dolutegravir cierra la cadena. El acceso mediante el Fondo de la OPS/OMS ampliaría la población cubierta y exigiría trazabilidad en MIPRES desde la prescripción hasta la entrega. El mercado no se ordenaría solo por el precio. Competirían en la capacidad de prever la demanda, distribuir, dispensar y demostrar continuidad.

Los textos aún son proyectos. Sin embargo, la dirección ya es visible: en la recta final de la Presidencia de Gustavo Petro, el Ministerio busca observar la operación en su totalidad. Si las normas se expiden, el modelo de negocio en salud no se defenderá con una habilitación colgada en la pared, sino con datos, inventario, tiempos, resultados y caja conectados.