Análisis

Acta de defunción con mensaje de urgencia

18 de noviembre de 2026

Juan Sebastián Cubides Cardona

Gerente Financiero de Esguerra JHR
Canal de noticias de Asuntos Legales

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“Sus accionistas lamentan informar el fallecimiento de un proyecto de inversión con clientes firmados, flujos razonables y una TIR de 14%. Murió joven, en un comité de inversiones cualquiera, sin que nadie emitiera comunicado.” En Colombia los proyectos no se cancelan, se dejan de mencionar en las actas de junta y por eso casi nunca alguien les escribe el obituario.

El dictamen de medicina legal es corto: costo de capital. La tasa de política monetaria arrancó el año en 9,25% y hoy está en 12,25%, con tres codirectores del Banco de la República que en la última junta querían subirla otro poco. Como economista, me parece difícil reprocharles algo, con una inflación de 6,29% en septiembre y un salario mínimo que subió más de 23%. Lo curioso es que, mientras el Emisor pisa el freno, el Estado sigue tanqueando con plata prestada. La deuda bruta del sector público superó los $1.068 billones en agosto y la regla fiscal sigue suspendida, que es la manera técnica de decir que el ancla se nos quedó en el muelle.

Para una empresa promedio, la cuenta es sencilla (y deprimente). Con 60% de patrimonio y 40% de deuda, una tasa libre de riesgo de 9,5% y crédito al 12%, el costo de capital rondaba 12,4% en 2025. Con los TES cerca de 12,5% y los bancos prestando al 15%, ese mismo costo se va a 15%. Nadie tocó el negocio. Pero un proyecto que rinde 14% cuando el capital cuesta 15% pasa inmediatamente y sin hacer fila de la sección de inversión a la de obras de caridad, incluso peor, ya que una donación por lo menos trae certificado para descontar en renta y desgasta menos que un proyecto.

Ahí es donde el tema deja de ser solo financiero. Una parte importante de esa prima no la fija el mercado, sino el legislador, o mejor, la incertidumbre sobre lo que el legislador vaya a hacer. El Proyecto de Ley 477 de 2026, la Ley de Rescate Económico, se radicó el 29 de octubre con cambios a la renta empresarial y a la base del IVA, y a los cinco días ya tenía mensaje de urgencia. Las ordinarias cierran el 16 de diciembre, o sea que quedan seis semanas para cuatro debates. Como referencia, entre 2010 y 2026, las reformas tributarias se demoraron en promedio 59 días solo en tener ponencia, un ritmo que haría sonrojar a una EPS autorizando una cirugía. Resultado: en pleno noviembre, ninguna empresa sabe con qué tarifa va a liquidar 2027 y ese hueco no cabe en ninguna celda del modelo, así que el mercado hace lo único que sabe hacer con la incertidumbre: cobrarla con tasas más altas.

Del difunto quedan una bodega sin arrendar, unos equipos que nunca se importaron y varios empleos formales que no alcanzaron a existir. Nada de eso sale en el reporte del Dane, que tiene la mala costumbre de medir solo lo que pasa. Después se presenta el pronóstico del FMI de 2,2% de crecimiento para este año y todos se preguntan, con sincera sorpresa, por qué tan poquito.

La política monetaria no puede hacer sola el trabajo de la fiscal y las dos necesitan reglas que duren más que una legislatura. Un ancla fiscal con fecha cierta y periodos de transición decentes para los cambios tributarios ahorraría bastantes velorios. Mientras tanto, se agradece no enviar flores; con el costo de capital como está, las coronas se volvieron un gasto no deducible que ningún comité aprobaría.