¿Regularizar sin integrar? Límites del Estatuto de Protección Temporal en Colombia
17 de enero de 2026Contenido
El fenómeno migratorio venezolano en Colombia exige una reflexión que trascienda la coyuntura y se centre en la solidez de las herramientas normativas vigentes. Instrumentos como el Estatuto de Protección Temporal (ETPV) han representado avances significativos en materia de regularización. Sin embargo, cabe preguntarse si su carácter temporal se alinea con una política migratoria estructural o si, en la práctica, introduce escenarios prolongados de incertidumbre jurídica que terminan simplemente administrando la precariedad de millones de venezolanos en el país.
Esta política, introducida por el gobierno de Iván Duque, buscó regularizar a la población migrante venezolana mediante la concesión de un estatus legal por diez años, habilitando el acceso al trabajo, la educación y a servicios financieros y de salud, con el fin de facilitar una eventual transición a una visa de residencia ordinaria. Lo anterior se materializó a través del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y la obtención del Permiso por Protección Temporal (PPT).
No obstante, lejos de ser una política con vocación estatal, el esquema de regularización se ha visto condicionado por decisiones administrativas y del gobierno de turno, impidiendo una consistencia o continuidad clara en el tiempo, dejando como resultado una norma fragmentada, sin integración real.
Bajo el gobierno de Gustavo Petro, se incorporaron mecanismos como el PEP-Tutor para responsables de menores de edad con PPT, o la Visa de Visitante Especial. Aunque estas medidas podrían percibirse como avances, esta forma de legislar, mediante decretos y resoluciones, y no con una ley migratoria integral aprobada por el Congreso, genera que cada gobierno cambie los instrumentos y las prioridades.
La ausencia de una estructura normativa estable, que obligue a mantener un rumbo definido, genera desconfianza entre los empleadores respecto del estatus o, no tienen conocimiento suficiente sobre la validez de los permisos existentes, resultando en discriminación, informalidad laboral y una normativa que no garantiza condiciones de trabajo decentes. Si bien el PPT autoriza a trabajar legalmente, el diseño normativo no dialoga eficazmente con el mercado laboral real y no se traduce en inserción formal.
A ello se suma la dificultad para convalidar títulos profesionales. Una parte significativa de la población no ha podido adelantar este proceso, no por falta de capacidad, sino por la ausencia de documentación, conocimiento del proceso y limitación en recursos, dejando a profesionales altamente calificados por fuera de sus campos de especialización.
De acuerdo con informes recientes de la OIM, tres de cada cuatro migrantes venezolanos trabajan en Colombia sin contrato ni protección laboral, y dos de cada cinco viven en condiciones de pobreza monetaria. La solución, no es solo reducir las barreras burocráticas y estructurales, sino generar capacidades reales de inserción laboral que eviten la informalidad o la subcalificación.
En este sentido, resulta indispensable avanzar hacia una política migratoria de Estado, acompañada de mecanismos de coordinación interinstitucional y del fortalecimiento del trabajo conjunto con la sociedad civil para fortalecer políticas reales de inclusión.
La informalidad no es una falla del migrante, sino una consecuencia del diseño normativo. por ello, se requieren políticas públicas que conecten la regularización con empleo formal, reconocimiento profesional y estrategias efectivas contra la discriminación.