Cumplimiento normativo “Compliance” ¿sólo aplica para el sector privado?
12 de octubre de 2023Contenido
El Estado, como garante de los derechos de los ciudadanos y de la adecuada prestación de los servicios públicos en el marco del cumplimiento de los fines estatales, constantemente está expidiendo normas, muchas de las cuales impone obligaciones a cargo de los particulares, cuyo incumplimiento puede desencadenar la imposición de sanciones administrativas y en algunos casos hasta el inicio de investigaciones penales.
En el marco de ese cumplimiento normativo, se hace necesario para las empresas la adopción de diferentes programas tendientes a garantizar no sólo el cumplimiento de la pluralidad de normas vigentes en nuestro país, sino de la adopción de las acciones requeridas para mantener los procesos y procedimientos actualizados y acorde a la realidad empresarial.
No es suficiente crear en el papel programas de cumplimiento para demostrar a las autoridades administrativas la existencia de los mismos, sino que se deben tomar las acciones necesarias para garantizar su implementación y el constante monitoreo para implementar las acciones de mejora que sean requeridas, siendo fundamental no sólo el compromiso de la alta gerencia, sino también la capacitación de todos los funcionarios de la empresa o de la entidad estatal.
Los programas de cumplimiento o programas de Compliance, como se les quiera llamar, no sólo son necesarios en el ámbito empresarial privado, sino que también son requeridos en el sector público, y en ambos casos pueden marcar la diferencia, en el primer caso a nivel competitivo y en el segundo frente al efectivo cumplimiento de las actividades encaminadas a garantizar el cumplimiento de los fines del estado.
No debe perderse de vista que gran parte de la normatividad expedida busca garantizar los derechos de los ciudadanos y/o prevenir situaciones que pongan en riesgo su seguridad, un claro ejemplo es la normatividad vigente en materia de Protección de Datos Personales y Protección al Consumidor, cuyo principal objetivo es garantizar el respecto y ejercicio de los derechos de los titulares de la información y consumidores, o normas como las que regulan lo pertinente al lavado de activos y financiación del terrorismo o normas sanitarias, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos, buscando prevenir en el primer caso la financiación de actos terroristas que puedan afectar gravemente la integridad de los ciudadanos y en el segundo la afectación a la salud de los consumidores.
Como vemos, los programas de cumplimiento o Compliance, no son solo imposiciones que incrementan las cargas de los obligados (empresas privadas o entidades del estado), sino que tienen una razón de ser y todas están encaminadas a buscar el bien común, el bienestar de los ciudadanos, siendo fundamental el compromiso empresarial o estatal en el cumplimiento de las disposiciones que regulan cada materia en particular.
Los programas de cumplimiento normativo o Compliance ayudan a las empresas no solo a cumplir con la norma pertinente, sino que sirven de herramienta para detectar los riesgos inherentes a la actividad empresarial, medir la posibilidad de ocurrencia de dichos riesgos, tomar las acciones pertinentes para prevenir la materialización de esos riesgos y en caso de materializarse mitigar el impacto o la afectación tanto para la empresa como para terceros, así como para generar acciones constantes de mejora, pues así como evoluciona el mundo, como todo cambia día a día, los programas de cumplimiento deben modularse para adecuarse a las nuevas realidades.
Por su parte, en el sector público, los programas de cumplimiento normativo no sólo permiten prevenir la infracción de la ley , sino que sirve de instrumento para promover la legalidad en las actuaciones administrativas, la ética y la transparencia en el ejercicio del poder del estado y en consecuencia optimizar las actividades propias de la función pública, cuyo fin primigenio es el cumplimiento de los fines del Estado.
Así las cosas, claro es que, tanto el sector privado como el sector público deben contar con programas de cumplimiento normativo (Compliance), ajustados no sólo a la norma aplicable en cada caso particular, sino a sus necesidades reales, de donde se desprende que cada programa de Compliance debe ser hecho a la medida de quien lo va a implementar, pues aquello que le funciona a una empresa o entidad en particular, puede no funcionarle a otra similar, precisamente porque el ADN de cada empresa o entidad la hace única y en consecuencia con necesidades y formas de desarrollar sus actividades también únicas, particulares.