Hay que pensar en los que siguen
06 de noviembre de 2025Contenido
Con la aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2026, desfinanciado en 16,3 billones de pesos, y la necesidad de una nueva reforma tributaria —denominada ley de financiamiento para efectos de su divulgación pública— se configuran elementos jurídicos y fiscales que permiten anticipar el manejo presupuestal del país durante el primer semestre del año, así como los desafíos estructurales que enfrentará el próximo gobierno en materia de sostenibilidad de la deuda pública.
La aprobación legislativa del presupuesto evita, como ocurrió en 2025, que el Ejecutivo determine mediante decreto su monto y distribución. No obstante, el presupuesto nace dependiente a la aprobación de una ley de financiamiento que permita cubrir el faltante. Inicialmente, el Gobierno presentó una propuesta por 26,3 billones, posteriormente ajustada a 16,3 billones en línea con la reducción del gasto, sin embargo esta no ha presentado mayores avances en el Congreso.
En el marco de la aprobación del presupuesto, diversos analistas han advertido sobre el incremento del gasto de funcionamiento y su redistribución, especialmente en un escenario preelectoral, donde se observa una disminución en sectores estratégicos para favorecer programas de transferencias directas a la ciudadanía.
En relación con el servicio de la deuda, el proyecto de ley establece un monto de COP 100,4 billones. Sin embargo, el articulado habilita la utilización de este rubro para atender otras obligaciones, como el pago de saldos por menores tarifas del sector eléctrico sin que ello implique una afectación directa al cupo de endeudamiento y los compromisos pendientes del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Aunque esta práctica ha sido utilizada por los anteriores gobiernos, surge también la preocupación de la libertad con que el próximo gobierno pueda celebrar nuevas las operaciones de crédito, especialmente en caso en que estas se tornen indispensables en el evento en que no se apruebe la reforma tributaria o si el recaudo resulta inferior a lo proyectado.
Con corte al 10 de julio de 2024, el cupo disponible para la celebración de operaciones de crédito por parte de la Nación era de USD 2.351,6 millones. La Ley 2382 de 2024 amplió dicho cupo en USD 17.607 millones, pero según la exposición de motivos, esta ampliación cubriría las necesidades de financiación únicamente hasta agosto de 2026. En consecuencia, el gobierno actual aseguró la disponibilidad del cupo para su propia gestión, dejando al próximo gobierno en una posición limitada para atender las necesidades inmediatas, lo que podría generar tensiones fiscales y restricciones operativas en el corto plazo.
En este escenario, resulta fundamental que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, entidad encargada de definir la política de endeudamiento, evalúe si se prevé utilizar la totalidad del cupo vigente o si, conforme a la práctica tradicional, se reservará un porcentaje para el gobierno entrante. Esta decisión será determinante para garantizar la continuidad fiscal y la estabilidad macroeconómica mientras se adopta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y se formula el presupuesto para la vigencia 2027.