BIM en contratos de infraestructura: retos legales emergentes

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El término Building Information Modelling (BIM) hace referencia a un proceso colaborativo que emplea modelación computarizada en la nube, para crear representaciones digitales de proyectos de infraestructura, desde su fase de concepción y durante todo su ciclo de vida.

Desde el año 2020 Colombia adoptó la Estrategia Nacional BIM 2020-2026, con la que se esperaba que para el 2026 dicha herramienta fuera de uso obligatorio en los proyectos de infraestructura pública nacional.

Bajo este panorama, a continuación se identifican ciertos aspectos que deberían ser considerados para la implementación de tal instrumento en los contratos de infraestructura pública:

1. Level of Development (LOD)

Al acordar el uso de BIM en su proyecto, los contratantes deben tener claro cuál es el nivel de desarrollo (LOD) que esperan con la implementación de la herramienta, y que les será exigido como parte de sus obligaciones contractuales. Generalmente este nivel de desarrollo esta dividido en cinco categorías (LOD 100, 200, 300, 400 y 500) que van desde requerir una simple representación gráfica de la infraestructura, hasta exigir una completa recreación de la construcción con todas sus variables (dimensiones, cantidades, materiales y costos); la forma en que interactuarán los componentes físicos del proyecto; e incluso información relevante para su mantenimiento.

2. Naturaleza del modelo

Una vez establecido el nivel de desarrollo pretendido, se requiere definir la manera en que el modelo elaborado se integrará al acuerdo de voluntades, y si éste será considerado un documento contractual. Lo anterior permitirá determinar, entre otros, la exigibilidad de su contenido, su precedencia frente a otros componentes del contrato y el valor probatorio del modelo ante una eventual disputa.

3. Responsabilidad por la gestión del modelo

Al corresponder a un producto que se deriva de la interacción de diferentes especialidades y actores que participan en un proyecto, es necesario delimitar con claridad quiénes están habilitados para el ingreso de los datos y en qué condiciones, situación generalmente regulada a través de una estipulación contractual o un anexo al acuerdo[1].

Esta delimitación de roles y atribuciones es particularmente relevante para definir responsabilidades por errores de diseño en proyectos complejos, donde interactúan diversos actores, en distintos componentes de una misma obra.

4. Propiedad intelectual, confidencialidad e integridad de información

Finalmente, la propiedad intelectual sobre el modelo desarrollado, la confidencialidad que se requiera a las partes involucradas en su construcción, y las medidas que se empleen para evitar la corrupción de los datos, son también condiciones por considerar al momento de incorporar el uso de BIM en proyectos. Reglas en este sentido son relevantes para proteger los derechos sobre la información generada, preservar la integridad del modelo como insumo contractual y asegurar su utilidad como herramienta de ejecución y supervisión.

En suma, la implementación de BIM demanda reglas contractuales claras para garantizar su uso correcto en los proyectos y precaver futuras disputas.