Compras públicas e incentivos a jóvenes egresados del ICBF

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En un esfuerzo por brindar una mayor protección a los jóvenes egresados del sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (el “ICBF”), en días recientes el Congreso de la República expidió la Ley 2479 de 2025, mediante la cual -entre otros aspectos- se incluyeron incentivos en el sistema de compras públicas para emprendimientos y empresas en donde participe tal población.

La nueva ley modificó el artículo 32 de la Ley 2069 de 2020, el cual ya establecía el deber a cargo de las entidades públicas de incluir requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de selección del sistema de compras públicas para oferentes bajo la categoría de “emprendimientos y empresas de mujeres”.

Con la reforma, se adicionaron a los “emprendimientos y empresas de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF” como oferentes que recibirán una bonificación en su puntuación; se fijó un puntaje máximo a otorgar por acreditar tal condición; y se introdujo un nuevo criterio de desempate en los procesos de contratación realizados con recursos públicos, favoreciendo la propuesta presentada por un proponente que acredite ser joven egresado del sistema de protección del ICBF, o aquella en la que la persona jurídica oferente o el proponente plural tengan participación mayoritaria de tales jóvenes.

A través de dicha determinación, el legislador adhiere a esta población a la lista de beneficiarios de medidas diferenciales en el sistema de compras públicas, tales como las personas en condición de discapacidad, las mujeres empresarias, la industria nacional y las Mipymes.

Ahora bien, resta evaluar en el futuro si estas medidas logran generar los efectos esperados y si los jóvenes egresados del sistema de protección del ICBF encuentran en el sistema de compras públicas una herramienta efectiva para impulsar sus proyectos productivos y fortalecer su participación en la economía.

A modo de ilustración, en el caso de las Mipymes la inclusión de incentivos para su vinculación en el sistema de compras públicas ha demostrado ser una herramienta eficaz, pues permitió aumentar su presencia en cerca de un 41% en los últimos cinco años, según lo evidencia la herramienta de análisis de datos la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente.

En definitiva, la Ley 2479 de 2025 representa un avance significativo en la inclusión de los jóvenes egresados del sistema de protección del ICBF dentro de la dinámica económica del país. No obstante, su impacto real dependerá de una implementación rigurosa y consciente de los incentivos por parte de las entidades estatales y los oferentes y, sobre todo, del respaldo de políticas integrales que fortalezcan las capacidades empresariales de esta población. De lo contrario, la medida corre el riesgo de quedar reducida a un gesto simbólico sin mayor impacto real en la vida de quienes más necesitan estas oportunidades.