La Patria Boba del derecho societario: Mientras discutimos viene la Corona

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Entre 1810 y 1816, los criollos que acababan de sacudirse el yugo de la Corona tuvieron en sus manos el momento único de fundar la República. En lugar de aprovechar la oportunidad de establecer un sistema más justo, ignoraron las señales del destino y fracasaron.

Centralistas y federalistas, Nariño en Santafé y Camilo Torres en las Provincias Unidas, convirtieron la disputa sobre el modelo de Estado en inútiles guerras civiles. Mientras unos y otros se desangraban defendiendo su idea de gobierno, la verdadera amenaza, el Rey Fernando VII, planeaba paciente, al otro lado del Atlántico, el regreso de la Corona. Cuando Pablo Morillo desembarcó en 1815, no encontró una nación, sino un puñado de facciones exhaustas. El precio de aquella desunión fue el patíbulo. Camilo Torres, Caldas y la Pola pagaron con la vida, mientras que Nariño lo hizo con su libertad y, lo más importante, se perdió la independencia y regresó la opresión a los más débiles. Con atinada razón llamamos este periodo la “Patria Boba”.

Justo eso parece estar ocurriendo en el pequeño medio del Derecho Societario colombiano. Desde la polémica llegada de la “acción del numeral 8”, hace poco más de dos años, vivimos nuestra Patria Boba. De un alado quienes creemos ver allí oportunidades de robustecer el sistema, a través de una vía que reconoce igualdad de armas en las disputas naturales entre accionistas ajenos al control y quienes controlan. Del otro, los Detractores, que consideran que la norma en cuestión, o es reproducción de la acción social de responsabilidad, o el mecanismo utilizado para darle “vida” fue incorrecto.

Ambas preocupaciones podrían tener fundamento, propias de profesionales que se toman en serio sus convicciones y que, paradójicamente, tienen el mismo propósito, hacer mejor el sistema jurídico societario.

Pese a ello, la situación ha llegado al dramático punto de celebrar a rabiar decisiones judiciales sin análisis profundo y carente de rigor, como si se tratara de una obra maestra jurídica. En otras circunstancias, uno y otro bando habrían criticado por igual.

Debemos hacernos entonces la pregunta que los criollos no se hicieron en 1815 ¿a quién beneficia esta disputa? No a los minoritarios, que siguen tan desprotegidos como siempre. No al sistema, que se vuelve más impredecible con cada fallo. Favorece a quien se fortalece en la injusticia: el controlante abusivo que sabe que, mientras quienes deben liderar el camino de lo justo, los abogados societarios, no se pongan de acuerdo en su “modelo de gobierno”, su conducta permanecerá impune.

Es el controlante extractor irregular de beneficios la Corona de esta historia. Mientras nos batimos en ver qué razón es más poderosa, el sistema sigue debilitándose y un importante sector del medio empresarial, vuelve a tener dudas e inseguridades en reclamar sus derechos ante el sistema judicial. La Corona está ganando sin haber entrado en la batalla.

La lección de la Patria Boba no es que las diferencias sean malas. Es que hay momentos en los que subordinarlas a un fin superior se vuelve cuestión de supervivencia. El objetivo de quienes nos dedicamos a esta disciplina es aportar a construir un sistema más útil, más versátil y justo, a proteger y atraer también inversión minoritaria, a tener jueces estudiosos en esta materia, a resolver las diferencias empresariales con las mismas oportunidades.

La historia, por fortuna, no terminó en 1815. La Nueva Granada aprendió que hay objetivos más grades que tener la razón y recuperó la libertad. Ojalá el Derecho Societario colombiano aprenda la misma lección antes, y no después, de su propia derrota.