Operación aérea anfibia sostenible

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En días pasados se llevaron a cabo las primeras pruebas piloto para retomar la operación aérea anfibia en Colombia, con el exitoso vuelo de una aeronave Cessna Caravan de la aerolínea SEARCA en la ciénaga de Ayapel. Este hecho rememora los inicios de la aviación en nuestro país, cuando, desde 1920, las primeras aeronaves de la otrora SCADTA recorrieron el río Magdalena, uniendo regiones por vía aérea que antes solo podían conectarse por agua o a lomo de mula.

Después de este grato y esperanzador suceso, es tiempo de pensar en los grandes retos para los futuros operadores y, en especial, para el Estado colombiano, si realmente existe el firme propósito de fomentar esta operación. Esta sería de vital importancia para las regiones apartadas que carecen de infraestructura aeronáutica apropiada para recibir aeronaves convencionales, y representaría no solo un promotor del turismo, sino también un medio de transporte efectivo para insumos, medicinas y evacuaciones aeromédicas.

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la operación estaría ligada a la certificación de hidropuertos y espejos de agua en cada uno de los sitios propuestos, los cuales cumplirían la función de campos de aterrizaje bajo los preceptos del Reglamento Aeronáutico Colombiano RAC 91, complementado con los RAC 14 (que urge actualizar en el numeral 14.5, reservado a hidropuertos) y el RAC 135, si la operación es aerocomercial. También es importante considerar que la mayoría de los centros poblados, especialmente los más apartados, se encuentran a orillas de ríos. Aunque esto parece una ventaja a simple vista, implica grandes retos, pues, a diferencia de las ciénagas, represas o lagunas naturales, los ríos presentan corrientes que transportan material vegetal y sedimentario, lo cual puede resultar riesgoso para los flotadores de las aeronaves y para la operación en general. Al igual que en la pista de cualquier aeropuerto, el área de aterrizaje de un campo acuático debe estar libre de obstáculos.

Dejando a un lado la no menos importante regulación y certificación técnica de las aeronaves anfibias y de los hidropuertos, queda planteado un inmenso reto en términos de seguridad, el cual representaría un desafío para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia. Esto cobra mayor relevancia en un contexto donde la presencia de grupos armados ilegales es común, ante el avance del narcotráfico y la minería ilegal, fenómenos que alimentan la violencia y dejan algunas zonas de nuestra patria a merced de estos grupos, sin control territorial efectivo por parte del Estado.

Por ello, la planificación interinstitucional para la implementación de esta operación, involucrando a los futuros operadores, la Aeronáutica Civil y las Fuerzas Armadas, especialmente la Armada Nacional, son primordiales para garantizar la seguridad de las aeronaves, usuarios y tripulantes. Este tipo de hidroaviones constituye un blanco de alto valor y sería muy propenso a actos de interferencia ilícita por parte de grupos subversivos, pues su versatilidad les permitiría llegar a sitios impenetrables para otro tipo de aeronaves. Además, no debe descartarse el riesgo de que sean utilizados para el transporte de insumos y sustancias ilícitas a través del territorio nacional. En el pasado, vuelos comerciales de reconocidas aerolíneas, con capacidad de hasta 50 pasajeros, fueron secuestrados y obligados a aterrizar en lugares remotos y pistas improvisadas, por lo que no resulta improbable que, sin los controles adecuados, se repita la historia.

Si no se desarrollan estrategias claras para la implementación de la aviación anfibia en Colombia, estaremos condenados a utilizarla únicamente en sitios turísticos con condiciones de seguridad aceptables, y no en todos los territorios apartados de nuestro hermoso país, pues ninguna aerolínea o inversionista estarían dispuestos a asumir riesgos tan altos, que harían poco rentable el negocio.