Error de sobre-especificar en contratación estatal

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Con alguna frecuencia ocurre que una empresa se interesa en una licitación pública, estudia los pliegos y descubre un requisito especial que no logrará reunir. Esta vez, debe decidir hacerse a un lado y no participar en la licitación. Puede tratarse de una empresa bien organizada, solvente, con una trayectoria reconocida en su campo y con un buen desempeño en contratos similares. Con el requisito especial, la entidad anticipa una idea del tipo de contratista “preferido” o impone un estándar técnico “inflado”, sin que exista certeza de que ese nivel de exigencia garantizará la correcta ejecución del contrato. El proceso está “sobre-especificado”.

Es legítimo elevar el grado de exigencia frente a contratos de mayor complejidad. Los compradores del Estado son personas naturalmente aversas al riesgo, por lo que formulan reglas por prudencia, con base en su aprendizaje de experiencias pasadas y con la intención de reducir la probabilidad de que aparezcan desviaciones costosas durante la ejecución contractual. Aún así, es problemático “sobre-especificar” en contratos más sencillos, porque la prudencia se transforma en barreras de entrada.

Desde luego, los casos más graves son los que configuran la muy reprochable práctica de direccionar una licitación hacia una persona en particular por medio de especificaciones anormales. Pero las “sobre-especificaciones” aparecen también por una inadecuada planeación del contrato. Por ejemplo: la entidad endurece los requisitos por simple reflejo para atraer únicamente a jugadores conocidos, asumiendo que así asegura una buena ejecución contractual.

Los principios de economía y de eficiencia de la contratación estatal quedan heridos cuando la entidad compradora define requisitos que no son proporcionales a la necesidad que pretende cubrir. Y el principio de selección objetiva se compromete por una simple lógica de negocio: el mercado está en mejores condiciones de poner sobre la mesa la oferta más favorable.

Son los actores del mercado quienes tienen los mejores conocimientos sobre precios, calidades, eficiencias y buenas prácticas. Y es en la competencia efectiva de donde surgen modelos de innovación y sostenibilidad. Por eso, si el comprador predetermina en exceso la solución a su necesidad, pierde la oportunidad de descubrir mejores opciones, no optimiza recursos y casi termina convirtiéndose en su propio oferente. Entonces, cada vez que una empresa desiste de participar en una licitación por un requisito desproporcionado, el Estado pierde competencia y paga más caro.

En este contexto, es relevante el reciente reporte de la OCDE sobre la implementación de la Recomendación en Contratación Estatal (2020-2024), que resalta el desafío de mejorar la calidad de las licitaciones, entre otras, mediante la vinculación temprana de proveedores a los procesos de selección, con el ánimo de lograr entendimientos mutuos precisos y oportunas alertas sobre soluciones inadecuadas.

Con todo —y para evitar tentaciones— el reporte de la OCDE no invita a crear nuevas leyes o decretos. Más bien, incluso ante un escenario de inminentes recortes presupuestales, bastaría con adoptar medidas que incentiven una mayor participación del sector privado y el trabajo conjunto entre compradores y proveedores. Serviría comenzar por la profesionalización del rol de compradores públicos para que compren mejor. Y también, impulsar diálogos tempranos, competitivos, técnicos, objetivos y transparentes, que produzcan verdadero valor por dinero.