Convalidación de títulos: el reto pendiente de Colombia

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Colombia busca integrarse más a la economía global y atraer talento altamente calificado. Sin
embargo, el proceso de reconocimiento de títulos extranjeros sigue siendo uno de los principales
obstáculos para lograr ese objetivo. Lo que debería funcionar como un mecanismo de integración
y reconocimiento profesional se ha convertido en un cuello de botella que limita la movilidad
laboral y la contratación de extranjeros.

La Resolución 010867 del Ministerio de Educación establece las directrices para la convalidación
de títulos de educación superior obtenidos en el exterior. Si bien la norma permite cierta
flexibilidad en casos donde faltan documentos o el acceso a los registros académicos es limitado,
en la práctica las autoridades rara vez aceptan estas alternativas. Como resultado, el proceso
puede ser largo, costoso y, a menudo, inconcluso. Además, el criterio de “alta calidad” —diseñado
para permitir una vía más rápida— sigue siendo ambiguo para los solicitantes, y las decisiones
basadas en este criterio suelen parecer subjetivas e impredecibles.

La normativa migratoria vigente en Colombia complica aún más el panorama. La Resolución 5477
de 2022, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, exige que los extranjeros que
deseen trabajar en el país cuenten con las calificaciones y autorizaciones necesarias para ejercer
su profesión u oficio. Aunque esta disposición busca garantizar la idoneidad profesional, plantea
dificultades cuando las profesiones reguladas no están claramente definidas, los requisitos
legales difieren, y los detalles sobre licencias profesionales temporales son limitados o no están
fácilmente disponibles.

En diversos sectores hemos evidenciado cómo el desconocimiento de los marcos regulatorios
profesionales genera requisitos inconsistentes. Las autoridades pueden exigir permisos
temporales para profesiones que no los requieren, o vincular la renovación de visas a la obtención
de licencias, matrículas profesionales o la culminación del proceso de convalidación, sin
considerar la naturaleza de la profesión del solicitante o restricciones como el requisito de
residencia para obtener dichas autorizaciones.

En el fondo del problema está la “facultad discrecional” del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuando este poder discrecional se ejerce sin el conocimiento adecuado o sin coordinación con
otras entidades estatales, puede derivar en rechazos o inadmisiones de visas que afectan tanto al
solicitante como a las empresas que invierten en talento internacional para fortalecer sus
operaciones.

Mientras tanto, Colombia corre el riesgo de perder valiosas oportunidades para atraer
profesionales con experiencia internacional, sólida formación y disposición para contribuir al
desarrollo del país. La falta de coordinación interinstitucional y de un entendimiento compartido
resalta la necesidad urgente de una política migratoria coherente, basada en criterios técnicos y
alineada con procesos clave como la convalidación de títulos extranjeros.

Si Colombia aspira a posicionarse como un destino para el talento global, debe revisar la
coherencia de su política migratoria y garantizar su aplicación consistente y efectiva. La
internacionalización depende de la integración, y el desarrollo sostenible requiere el
reconocimiento del conocimiento.