Población discapacitada, un compromiso legislativo

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La discapacidad y la pobreza están estrechamente vinculadas. Bajo ese antecedente y en el contexto internacional, de acuerdo a las cifras recogidas por el Banco Mundial, 82% de los discapacitados en América Latina viven en la pobreza, y entre 80% y 90% de ellos están desempleados. La educación, el trabajo, el acceso a la salud, son los derechos más vulnerados en las personas con discapacidad, y entre ellos, la población más afectada son los indígenas, afrocolombianos y los que viven en zonas rurales. La participación laboral de las personas con discapacidad es menor al del total de la población. Al mismo tiempo los ingresos de las personas con discapacidad son menores a los ingresos de la población total.

En cuanto a la educación, la mayor tasa de analfabetismo se da en las personas con discapacidad. La exclusión alcanza a todos los grupos de edad y ambos sexos. En el país la tasa de analfabetismo entre las personas con discapacidad se encuentra en 6%. Entre los factores que afectan el acceso a la educación de las personas con discapacidad está la discriminación y el estigma, las dificultades para acceder al transporte, a las instalaciones escolares, así como las limitaciones en la forma de comunicación, la falta de tutores especiales, y de personal de apoyo.

En mi calidad de senador de la República, desde el Congreso he impulsado una legislación para proteger y fortalecer la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hemos insistido que es necesario que todos los ciudadanos cambiemos nuestra forma pensar y entender a las personas con discapacidad.

En ese contexto, el Partido de la U y en particular, este legislador considera fundamental y prioritario en el año 2014, la construcción de una política de Estado para las personas con discapacidad. Un trabajo integral, que debe partir de la dignidad entendida como el que todas las personas deben ser consideradas y apreciadas por lo que son. La autonomía reconociéndoseles a todas las personas discapacitadas un espacio libre de restricciones y condicionamientos donde puedan adoptar, soberanamente, sus programas de vida y sus ideales de existencia. La igualdad considerando como irracionales e injustificadas todas las diferencias de trato. La no discriminación y el disfrute efectivo en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad son el tema predominante de la tan esperada reforma por la manera en que se examina la cuestión de la discapacidad y los discapacitados. La No-discriminación, junto con la igualdad ante la ley, constituye un principio básico de la protección de los derechos humanos.

La participación y la inclusión entendidas como un principio para asegurar la identificación de sus necesidades específicas y como un derecho para asegurar su plena y efectiva participación en los asuntos políticos, públicos, en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.

La accesibilidad para asegurar el desarrollo independiente y la participación de los discapacitados en todos los aspectos de la vida. En la perspectiva de la Convención la inaccesibilidad a los edificios, por ejemplo, no es el resultado de un impedimento físico de una persona, sino más bien el resultado de la falta de políticas y normas en materia de accesibilidad, incluida la promulgación de normas mínimas y directrices, así como su aplicación.

La solidaridad, admitiendo la certeza de que entre todas las personas, por el hecho de ser miembros de una misma familia ontológica, existen vínculos mutuos en materia de obligaciones. Sensibilizar a la sociedad, luchar contra los estereotipos.

Colombia ha sufrido muchos efectos de la violencia. Entre las víctimas, la población con discapacidad. Llegó la hora, de comenzar a construir el posconflicto, a partir de la protección social y económica de la población afectada por discapacidades. No se puede permitir más, que se no vea vulnerados o amenazados sus bienes jurídicos por las agresiones perversas surgidas de la insensibilidad, del desdén o del prejuicio.

Finalmente, es oportuno dejar en claro que la legislación por sí sola no garantizará que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos humanos. Es necesario que el estado colombiano formule políticas y programas eficaces con un impacto real en la vida de las personas con discapacidad Esto incluye la educación y la sensibilización del público en general que exprese ese cambio en el paradigma, esto es que las personas con discapacidad no sean vistas como objeto de caridad, tratamiento médico o protección social sino como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones y defender sus intereses