Desentrañando la macro corrupción: reflexiones desde América Latina

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La corrupción, lejos de configurarse como un fenómeno aislado, se ha consolidado en América Latina como un entramado estructural que erosiona la democracia, debilita el Estado de derecho y alimenta círculos viciosos de violencia e impunidad, cuyo impacto no se mide únicamente en términos económicos —con pérdidas cercanas al 5% del PIB regional y hasta un 15% de los presupuestos públicos internos de cada país—, sino también en la deslegitimación progresiva de las instituciones y en la consecuente pérdida de confianza ciudadana frente al orden democrático.

En este contexto, resulta evidente que cuando los Estados no logran preservar la integridad institucional se produce un vacío de poder que es rápidamente ocupado por actores no estatales —como grupos armados, organizaciones criminales y/o redes de narcotráfico—, circunstancia que se agrava no solo con la desviación de recursos públicos hacia fines ilícitos, sino también con el financiamiento proveniente de sectores privados que, de manera voluntaria o cooptada, facilitan capital y servicios a dichas estructuras. Esta doble fuente de recursos perpetúa las desigualdades sociales, alimenta el reclutamiento de nuevos integrantes y consolida economías ilegales, de modo que corrupción y violencia no pueden entenderse como fenómenos independientes, sino como expresiones complementarias de un mismo déficit estructural de gobernanza en el que confluyen tanto actores estatales como privados.

La experiencia latinoamericana confirma que la lucha contra la corrupción no puede descansar exclusivamente en sanciones penales, ya que estas resultan insuficientes para modificar prácticas estructurales arraigadas. En consecuencia, la región ha avanzado hacia la adopción de modelos de responsabilidad empresarial, tanto administrativa como penal, que comprometen a personas naturales y jurídicas. Bajo este enfoque, programas de compliance, mapas de riesgo y pactos de integridad se han concebido como mecanismos orientados a involucrar al sector privado en la prevención y detección de prácticas corruptas, registrándose avances heterogéneos en países como Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia.

Particularmente en Colombia, mediante la promulgación de Leyes como la 1474 de 2011 y la 1778 de 2016, junto con algunos decretos reglamentarios y con las circulares expedidas por la Superintendencia de Sociedades, se han venido introduciendo instrumentos para sancionar y prevenir conductas corruptas, trasladando parte de la responsabilidad a las estructuras corporativas.

No obstante, los índices de percepción de la corrupción elaborados por Transparencia Internacional muestran un estancamiento generalizado en la región. Mientras algunos países como Uruguay y Chile logran posiciones destacadas, otros como Venezuela, Nicaragua e incluso Colombia presentan cifras alarmantes. Este panorama demuestra que los pactos y acuerdos de integridad, aunque relevantes como señales políticas, resultan insuficientes si no se acompañan de una aplicación rigurosa de la ley y de un compromiso sostenido por parte de los diferentes actores sociales, encaminado a revertir la cultura de la impunidad, restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y atacar de manera frontal las fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales.