Lo que quedo pendiente y lo que será prioritario: Qué nos espera en materia regulatoria ambiental en el 2026
04 de febrero de 2026Contenido
El 2026 inicia con la incertidumbre propia de un año electoral, en el que será determinarte observar el rumbo que toma la actual administración en materia regulatoria, pues sentará la base para el gobierno entrante, y, a medida que avanza la contienda y comiencen a perfilarse tendencias, al panorama regulatorio que se espera en Colombia para los próximos 4 años, así como a sus implicaciones para los distintos sectores productivos.
Precisamente, se observa que la agenda regulatoria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (“MADS”) para 2026 refleja, en términos generales, un amplio margen de continuidad respecto de lo propuesto para 2025, en la medida en que retoma diversas iniciativas que no pudieron publicarse para su fase de consulta pública y que, en consecuencia, fueron trasladadas para su consideración este año.
De manera particular, se destacan asuntos relacionados con cambio climático, transición energética, reglamentación del régimen de pasivos ambientales, manejo y gestión de residuos peligrosos, movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y modificación al régimen de licenciamiento ambiental.
En perspectiva, mientras que el año pasado estuvo marcado por una fuerte apuesta por el desarrollo e impulso de las energías renovables en el país, la cual finalmente se materializó con los Decretos1033 de 2025 (LaSolar) y el 1186 de 2026 (LaEolica), todo indica que 2026 estará orientado no solo a mantener el ritmo de la transición energética, sino también a dinamizar el sector de infraestructura, consolidar iniciativas pendientes en materia de acción climática, ordenamiento ambiental del territorio e impulso el desarrollo urbano sostenible.
Lo anterior se ha en los recientes proyectos normativos publicados para consulta pública para la adopción de términos de referencia del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (“DAA”), aplicables a proyectos de infraestructura de transporte (puertos y aeropuertos), así como los proyectos para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (“EIA”) requeridos para el licenciamiento de instalaciones de tratamiento térmico y de proyectos de construcción y operación de rellenos sanitarios.
De igual forma, la publicación del proyecto de resolución mediante el cual se buscan establecer directrices de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá anticipa, de ser expedido, un impacto significativo en la dinámica del ordenamiento territorial de los municipios que integran esta parte del territorio. Bajo esa misma línea, tampoco se descarta la eventual declaratoria de nuevas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (“APPA”).
En razón de lo anterior y desde una perspectiva integral, aún que si bien es temprano para identificar con claridad las prioridades que tendrá la administración; el panorama actual sugiere dos caminos claros. Por un lado, una carrera contra el tiempo para cumplir con todo lo propuesto en la agenda regulatoria de este año, quizá priorizando las iniciativas que habrían quedado pendientes del año pasado y por el otro, un avance gradual y progresivo, priorizando los proyectos que impliquen cambios estructurales significativos, como los ajustes al régimen de licenciamiento ambiental y las medidas en materia de cambio climático, entre ellas la reglamentación del Programa Nacional de Cupos Transables y del impuesto al carbono, ambos de particular relevancia.