Oportunidad en auge: cómo la Ley 2387 de 2024 está transformando las sanciones ambientales en inversión sostenible

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Cada vez más empresas en Colombia están empezando a aplicar una herramienta jurídica que transforma la forma de gestionar riesgos ambientales: la figura de terminación anticipada del procedimiento sancionatorio ambiental, introducida por la Ley 2387 de 2024. Esta disposición legal, aún poco aprovechada, representa una oportunidad estratégica en crecimiento que no solo permite a las organizaciones evitar sanciones, sino que promueve acciones de inversión directa en la recuperación y compensación del medio ambiente.

A través de este mecanismo, las empresas que se encuentren bajo investigación por presuntas infracciones ambientales pueden presentar, antes de la decisión final, un plan técnicamente sustentado de medidas correctivas y/o compensatorias. Esta herramienta representa un cambio significativo en la gestión de riesgos para las empresas, permitiendo no solo evitar sanciones, sino también la generación de antecedentes en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA).

Esta figura está cobrando cada vez más relevancia en el sector empresarial, ya que ofrece una salida legal que combina eficiencia, seguridad jurídica, mejor reputación empresarial y responsabilidad ambiental. Pero su principal valor no está en evitar sanciones, sino en generar inversión ambiental tangible, que se traduce en restauración de ecosistemas, corrección de impactos y cumplimiento efectivo de obligaciones ambientales. Además, resulta se convierte en una oportunidad que promueve la imagen de la empresa como

Para acceder al beneficio, la empresa debe cumplir requisitos: presentar un diagnóstico técnico, un plan de acción con resultados medibles, mecanismos de verificación, y respaldar el cumplimiento con una garantía financiera. Si la autoridad acepta la propuesta, el proceso se suspende hasta por dos años (prorrogables por seis meses más) para ejecutar las acciones pactadas. Solo si estas se cumplen en su totalidad, se declara la terminación anticipada.

Este mecanismo está diseñado para casos excepcionales: no puede ser solicitado por empresas que ya hayan accedido a esta figura en los cinco años anteriores. Esta restricción busca evitar un uso sistemático y asegurar que las medidas adoptadas representen un verdadero compromiso con la sostenibilidad.

En un momento en que la autoridad ambiental fortalece la fiscalización y aumenta la cuantía de las sanciones, que hoy pueden llegar hasta los 100.000 salarios mínimos legales mensuales según la Ley 2387 de 2024, esta figura se perfila como una alternativa viable y responsable para empresas que buscan resolver contingencias ambientales sin prolongar procesos jurídicos, mientras invierten en soluciones reales y verificables para el entorno.

Más que una salida jurídica, la terminación anticipada del procedimiento sancionatorio representa un nuevo enfoque de cumplimiento, basado en la acción, la restauración y la corresponsabilidad entre sector privado y Estado.