Procuraduría propugna por una minería responsable

Debido a la problemática que se está viviendo en el país, respecto al tratamiento de la minería formal, por la falta de estabilidad en las reglas, decisiones ambientales las cuales han traído como consecuencia la proliferación de áreas de protección sin ninguna delimitación y sin sustentos técnicos para su creación, y la marcada desconfianza del Estado en los mineros formales, aunado a la utilización de las comunidades para hacer una estrategia de oposición a los proyectos mineros que se adelantan en el territorio nacional, el pasado 7 de noviembre, el Grupo Asesor de Minas, Hidrocarburos y Regalías de la Procuraduría General de la Nación, realizó el Foro “Acciones y Retos del Estado por una Minería Responsable en Colombia”, en el cual el Procurador Alejandro Ordóñez, recordó el eje misional preventivo que tiene dicha institución y con el cual han tenido que actuar debido a la marcada desarticulación de las entidades, que está generando decisiones que ponen en riesgo el cumplimiento de los fines del Estado y por tanto las políticas públicas que afectan al sector minero energético, no cumplen el cometido para las cuales fueron creadas. Por ello la Procuraduría creó un Grupo Especial de Minas e Hidrocarburos, que en la actualidad, según el Procurador, tiene un “alto y positivo impacto en el sector”, por cuanto ha realizado el acompañamiento a los titulares mineros, a los mineros tradicionales y se han generando labores de prevención y control de gestión para proteger los derechos de todos los actores, en temas tan importantes como es el reconocimiento y respeto a los derechos adquiridos de  los titulares mineros. 

Dentro de las ponencias realizadas por expertos en el tema minero y ambiental,  se conjugó una marcada preocupación por los mitos que se han creado alrededor del sector, como es, que Colombia tiene gran actividad minera, cuando en realidad, tan sólo en el 1% del territorio nacional se encuentran realizando actividades extractivas, lo cual está siendo forjado por un factor ideológico detractor sin conocimiento que está haciendo que temas que afectan el orden económico de la nación, sean decididos por autoridades territoriales que carecen de competencia para realizarlo.

Así mismo se advirtió que la actividad que efectúa la industria minera constituye una herramienta de desarrollo para nuestro país, por ello se debe propugnar por la continuidad de proyectos mineros “TESA” técnica, económica, social y ambientalmente sostenibles, pero se advirtió, que para ello se requiere un ambiente se seguridad jurídica y estabilidad de reglas, creando una cultura empresarial sostenible, la cual en este momento es imposible mantener. 

La carencia de credibilidad en el Estado colombiano por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros, ha hecho que se desplace la inversión de éste sector, sin que se analicen los impactos en la economía y el encadenamiento productivo que se está viendo  afectando por las decisiones inarticuladas tomadas por las diferentes autoridades que administran los recursos naturales no renovables. 

Así mismo se analizaron los conflictos mineros que se están presentando, en temas actuales como en los procesos de restitución de tierras, el desconociendo de la vocación natural de las áreas alrededor del país sin fomentar el conocimiento de la riqueza minera, y la falta de reconocimiento de la capacidad inmediata de respuesta para la generación de infraestructura a través de este sector en nuestro país.

Bajo este escenario se agradeció el interés de la Procuraduría, para organizar espacios de discusión de los actores idóneos y expertos de la problemática que vive el sector minero energético, fuera de los espacios mediáticos que tanta desinformación han causado en la población colombiana. Así mismo, se plantearon una serie de acciones para afrontar la problemática que hoy afecta el sector minero y se habló de la necesidad de un cambio de pensamiento generalizado como es “que la expedición de más leyes resolverá los problemas que afronta el sector”, cuando esta situación está creando mayor desorganización, inseguridad jurídica y la marcada el país. 

De esta manera es necesario e imperioso que finalmente las instituciones del Estado escuchen las súplicas de los empresarios, mineros legales y personas que desarrollan la actividad minera con responsabilidad, cumpliendo los lineamientos constitucionales y legales, para que sean amparados sus derechos y se gestione un relacionamiento minero incluyente en el cual todos entendamos que la minería es absolutamente necesaria para la vida.