Infraestructura: Motor de la “Patria Milagro”

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El sector de infraestructura en Colombia enfrenta su mayor declive en décadas. Según el área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, la construcción de obras civiles está 27,8% por debajo de los niveles prepandemia. La participación del sector de obras civiles en el PIB cayó a los niveles más bajos del siglo.

Históricamente, la infraestructura ha sido pilar del desarrollo económico. Las cifras de Corfi evidencian su impacto: por cada peso invertido en obras civiles y transporte terrestre se generan 2,3 pesos adicionales en producción, 2,5 en salarios y 4,9 en recaudo tributario.

Según datos del Ministerio de Hacienda, hay 185 billones de pesos comprometidos en vigencias futuras. Debido al déficit fiscal (~6,7 % del PIB), el Gobierno aplazó la ejecución de 4 billones de esas vigencias. No hay, por tanto, capacidad del Estado de volcarse a realizar inversiones con cargo al erario.

En este contexto, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, en su Plan de Gobierno, posicionó la infraestructura como uno de los ejes principales en su programa “Patria Milagro”. Entre los proyectos específicos que menciona el Plan se encuentran la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Río de Oro y el desarrollo de un Aeropuerto Internacional de Carga para Santander.

Para poder cumplir con estos planes de infraestructura, son indispensables medidas jurídicas atraigan inversionistas y logren que los proyectos puedan financiarse sin necesidad de abultados presupuestos públicos. Algunas pueden ser:

Revisar la reglamentación de la Ley 1508 (Asociaciones Público-Privadas) para imprimir más dinamismo al proceso relacionado con las iniciativas privadas (IP), facilitando que el Estado pueda rechazar iniciativas que no reúnan requisitos básicos, estableciendo plazos perentorios, facilitando de forma equitativa que el originador compita en la selección final, permitiendo acuerdos en materia de riesgos;

Crear reglas para facilitar transacciones o conciliaciones con los contratistas y concesionarios para dar fin en forma masiva a las disputas actuales. En este esfuerzo puede haber un sacrificio de ambas partes, buscando una terminación de las obras, sin afectar las tarifas al público. La idea es que el arreglo permita la ejecución inmediata de la infraestructura en lugar de enfrascarse en pleitos legales;

Enviar mensajes claros de seguridad jurídica. En lugar de pensar en denunciar el sistema de arbitraje internacional de inversiones, o en mecanismos para bajar a sombrerazos los peajes, o cambiar los contratos; debe hablarse de cumplir lo pactado. El Estado debe exigir el cumplimiento al milímetro de cronogramas y cláusulas;

En materia portuaria también se debe avanzar en la reglamentación que permita ya a los interesados solicitar nuevas concesiones, pedir prórrogas o realizar inversiones.

El plan de gobierno del presidente electo señala que "La infraestructura regional no puede seguir dependiendo del humor político del Gobierno central". En este frente también hay mucho por avanzar. La reglamentación debe partir de la premisa de abandonar una lógica centralista y convertirse en un aliado de las entidades territoriales.

En síntesis, pese a las dificultades económicas del Gobierno central, la inactividad no puede ser la regla en materia de infraestructura. El país puede generar las condiciones jurídicas para atraer inversión nacional o extranjera a proyectos de infraestructura.