Minería y Ambiente: El reto de la regulación

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¿Cómo debe el nuevo Gobierno regular la minería e hidrocarburos en el país y su compatibilidad con otras actividades?

Una visión extrema y simplista caracterizó al anterior Gobierno, que creó zonas protegidas, reservas y santuarios, y restringió de diversas maneras las actividades mineras y de hidrocarburos.

A nivel ambiental, el énfasis regulatorio fue ampliar las zonas protegidas. Por ejemplo, a pocos días de terminar el gobierno, el Minambiente expidió la Resolución 1003 de 2026 sobre economía circular minera; la Resolución 993, que declaró un Santuario de Flora en Tolima; la Resolución 970, que actualizó una Zona de Reserva en Suratá, Santander; y la Resolución 994, que declaró Reserva de Recursos Naturales a “La Baja”, cerca del páramo de Santurbán, pese a irregularidades del trámite.

Por su parte, el Minagricultura expidió numerosas resoluciones para crear Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). Las Appa tienen su origen en el Plan de Desarrollo de Petro (Ley 2294) y son áreas en las cuales los municipios respectivos deben privilegiar el uso del suelo con fines agrícolas sobre todas las demás actividades económicas.

Crear obstáculos regulatorios a la minería, e incluso prohibirla, puede parecer loable, pero es una solución que, en la práctica, no funciona. También, restringir en ciertas áreas casi todas las actividades, salvo la siembra de alimentos, refleja una visión simplista según la cual estas medidas producirán por sí solas “seguridad alimentaria”.

Durante los últimos años la extracción ilegal de minerales no ha parado de crecer. Para las mafias y actores ilegales, las trabas que se expiden desde un escritorio en Bogotá les tienen sin cuidado y más bien les elimina a los competidores formales. Se estima que el 80% del oro que se extrae del país proviene de este tipo de actividad ilícita. Esta “minería” ilegal deforesta y no se ocupa de hacer labores ambientales ni mucho menos paga regalías o respeta zonas protegidas. Se estima que la extracción ilegal deja pérdidas de entre 4 y 5 billones de pesos y es el motor de violencia en muchas zonas.

¿Qué hacer? Nadie discute la necesidad de proteger el medio ambiente, pero ello exige criterios técnicos y medibles, no postulados maximalistas o ideológicos de prohibir todo. La producción de alimentos es compatible con la minería, el turismo y la industria. Es posible proteger el medio ambiente, favorecer la minería legal y combatir la extracción ilícita. De hecho, en el 97% del país no hay actividad minera legal.

Hay que socializar y explicar las decisiones. Por ejemplo, el Minambiente acaba de revocar la mencionada Resolución 994, expedida un día antes de terminar el anterior gobierno, que declaró Reserva a “La Baja”, cerca del páramo de Santurbán. La decisión la tomó el Ministerio no para fomentar la minería, sino que obedece a irregularidades en la expedición de la Resolución, incluyendo, entre otras razones, la necesidad de acatar un fallo de tutela que ordenó que no se podía adoptar tal resolución. La decisión, sin embargo, ha reabierto el debate, infortunadamente muy politizado e ideologizado, y falsas creencias.

Es importante reglamentar con más audacia mecanismos como obras por impuestos (Art. 800-1 E.T.) y obras por regalías (Ley 2056) para aplicarlos ampliamente al sector minero; coordinar con departamentos, municipios y empresas la compensación ambiental; regularizar la minería informal y artesanal; y combatir decididamente la extracción ilegal. Un régimen jurídico confiable potenciará el sector minero y podrá jalonar el desarrollo del país.

“La producción de alimentos es compatible con la minería, el turismo y la industria.”