Hacia la Quinta Generación de concesiones

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Ese es el caso de las 4G. Sin duda es el programa de infraestructura más ambicioso y detenidamente estructurado que el país ha tenido.  Cuando se presentó el programa, estaban frescas las experiencias del Grupo Nule, entre otros, a quienes se les habían entregado enormes recursos como anticipos de las obras, pero que no las completaron o lo hicieron con grandes retrasos. 

Por eso, algunas de las características del programa incluían (i) la eliminación de los anticipos; (ii) la imposibilidad para el concesionario de recibir pagos por concepto de peajes hasta tanto no se completara la construcción; y (iii) la obligación de obtener, en el término de un año, el cierre financiero de la etapa de construcción utilizando para ello aportes de capital del concesionario y deuda.  Todo a cambio de una tasa interna de retorno que el mismo gerente de la ANI definió como “muy competitiva”.

La idea era muy buena. Un concesionario que no recibe ni un solo peso del Estado hasta tanto no entregue la obra, ya no tiene el incentivo que existía antes de gastar poco y recoger mucho por la vía de los anticipos y los peajes. Ahora, por el contrario, el incentivo consiste en entregar rápido la obra y así poder recoger los recursos de los aportes estatales y de los peajes para poder empezar los repagos de la deuda. 

Sin embargo, cuando los procesos licitación abrieron, en la mayoría de los proyectos donde había 10 precalificados se recibieron apenas una o dos propuestas. La razón, en la gran mayoría de los casos, consistió en las dificultades para conseguir financiación. En los mercados financieros existe una relación entre el riesgo que se asume y la tasa que se cobra. Si el riesgo del proyecto es bajo para el contratista, será alto para el gobierno y por lo tanto los financiadores podrán colocar sus recursos a un valor más bajo, pues corren menos riesgo de que les paguen. Por el contrario, si el riesgo del proyecto es muy alto para el contratista, el gobierno y la comunidad tendrán la plena certeza de que si se comienza el proyecto probablemente se termine. Sin embargo, los participantes serán cada vez menos pues los bancos, para asegurar sus fondos, cobrarán sumas muy superiores por los créditos. Ninguno de los extremos es positivo, pues en el primero hay muchos constructores que se ganan los contratos con la cédula, mientras que en el segundo no hay puja en las licitaciones y generalmente gana la más cara. 

En el caso de 4G, por ejemplo, la ANI calculó inicialmente que la rentabilidad para los concesionarios sería adecuada, asumiendo que obtendrían financiación a una tasa de IPC+6%, mientras que las tasas no bajan de IPC+8%. Igualmente, la ANI estableció un fórmula en la que el monto de los costos reconocidos a un contratista en caso de terminación anticipada del contrato (y que sirven como fuente de pago para los financiadores) solamente se determina al final del contrato. Por lo tanto, con razón, los bancos incluyen en su financiamiento una prima que corresponde a la asunción del riesgo de esa incertidumbre. 

Por eso, el programa tiene que moverse más hacia el punto medio de mantener sus bondades, pero permitiendo una financiación más barata. Si no es así, vamos a terminar teniendo unos proyectos estructurados con la mejor voluntad pero donde va a haber uno o ningún licitante.

El aprendizaje es que tenemos que revisar el modelo. Es necesario que se ajuste la estructuración mediante el otorgamiento de mejores garantías estatales, de mayores aportes de la Nación, de mejores tasas de retorno para los inversionistas, lo cual permitirá a los potenciales oferentes acceder a más y mejores posibilidades de crédito. Solo así las licitaciones van a ser verdaderamente competitivas y se van a recibir las múltiples ofertas con las que contaba el Gobierno. Esa será, probablemente, la quinta generación de concesiones.