Ley de garantías

Soluciones pandas para un problema de fondo

29 de abril de 2019

Paula Vejarano

Dir. de litigios en Dentons Cárdenas & Cárdenas
Canal de noticias de Asuntos Legales

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Somos un país de abogados. Somos muchos, de lo que no hay duda. Por cada 100.000 colombianos 355 somos abogados. Sí, somos muchos y cada seis meses ese número sigue aumentando. El incremento en el número de abogados ha sido (o esos parece) una constante preocupación, como si fuéramos dañinos para nuestro ecosistema.

Desde hace unos años han venido implementándose herramientas que buscan filtrar el número de abogados que pueden ejercer en Colombia. Además de los requisitos que ya se requerían, como los exámenes preparatorios adicionales al trabajo de grado (tesis) o judicatura, en 2009 se sumó el examen, que en su momento se llamó Ecaes que hoy se conoce como prueba Saber PRO, que fue creado para medir la calidad de la educación superior (para casi todas las profesiones) y que se convirtió en un requisito para obtener el título de abogado.

A la lista de filtros ahora se suma otra prueba que debe superar un estudiante de Derecho para no solo obtener el título de abogado sino la tarjeta profesional que lo habilita para el ejercicio de la profesión: un nuevo examen a cargo del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) o de una institución de educación superior de alta calidad que sea delegada por el CSJ, en el que deberá obtener un puntaje que supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba.

Muchos se indignaron con este nuevo requisito, incluso atacaron la ley que lo creó esperando que la Corte Constitucional resolviera que era inconstitucional. No pasó y hoy el nuevo requisito es un hecho, los estudiantes de Derecho tendrán que presentar este examen adicional para tener tarjeta profesional y representar y asesorar personas en los trámites que requieran de un abogado. La idea detrás de este requisito es que los abogados en ejercicio tengan un mínimo de conocimientos y preparación que garanticen una buena gestión. Tratar de evitar que haya abogados mal preparados prestando un mal servicio.

Sin duda, es fundamental que un abogado tenga el conocimiento necesario para su ejercicio y que, además, su compromiso con la profesión lo haga un constante estudioso del derecho que lo lleve a mantenerse actualizado en su área (por lo menos) pero ¿El conocimiento es una garantía de preparación para el ejercicio profesional? Honestamente creo que las intenciones se quedan cortas y buscan atacar un problema de fondo con medidas pandas.

El problema no es que seamos muchos, tampoco es que estemos (o estén siendo) mal preparados en términos de información y conocimientos. No es justo señalar a las universidades porque flexibilizan sus pénsums (aunque creo que hay temas que no admiten flexibilización) ni asumir que las nuevas facultades no están cumpliendo con su deber de enseñanza adecuada. El problema de que seamos muchos abogados va más allá de la calidad de nuestro conocimiento, se trata de nuestra calidad ética y moral: Recordar cuál es la real misión de un abogado y nuestro papel en la sociedad.

Somos muchos y seguiremos siendo muchos. No somos una plaga y en cambio, sí podemos ser un bálsamo. Debemos volver a lo básico y la esencia de nuestra profesión por muy poético e idealista que parezca. En nosotros, los que ya ejercemos, está el poder de enseñarle a quienes hasta ahora empiezan este camino que ser abogado implica un deber de comportamiento ético superior, el servicio a la justicia no es un bien menor ni algo que se hace por descarte y sin mística.

La solución no es un examen que mida conocimientos. La solución no es reducir el número de abogados en ejercicio. La solución es volver a la mística y majestad del ejercicio: la justicia y el derecho.