Reajuste normativos en las apps en pro de la bancabilidad
19 de diciembre de 2025Contenido
El modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) afronta en 2025 su prueba más compleja. No solo tasas de interés elevadas o la restricción global del crédito; sino de señales internas que erosionan la confianza. Según cálculos divulgados este año, Colombia requiere inversiones anuales cercanas a COP 19 billones hasta 2033 para cerrar sus brechas de infraestructura, pero las vigencias futuras comprometidas para APP rondan apenas el 0,8% del PIB, un nivel insuficiente frente a la presión de proyectos estratégicos. A ello se suma lo que centros de análisis han calificado como un apagón financiero, con vigencias futuras vencidas por más de un billón y demoras en pagos que deterioran la percepción del riesgo país.
Este diagnóstico, sin embargo, no debería llevar a la resignación, sino a la acción. El marco regulatorio puede —y debe— evolucionar para restablecer condiciones de bancabilidad que permitan que los privados continúen participando en proyectos que el Estado no puede financiar en solitario. A continuación, hago algunas propuestas para enfrentar este particular reto:
La primera consiste en modernizar la asignación de riesgos. La normativa podría incorporar reglas explícitas para riesgos macroeconómicos extraordinarios, activadas solo bajo umbrales objetivos —por ejemplo, variaciones de tasas de interés superiores a ciertos puntos básicos o depreciaciones abruptas del tipo de cambio—. Este mecanismo, utilizado en otras jurisdicciones, crea predictibilidad sin convertir al Estado en asegurador universal. Además, permitiría reducir la prima de riesgo exigida por financiadores.
La segunda propuesta apunta a flexibilizar los esquemas de remuneración. El modelo de pago por disponibilidad funciona para corredores viales consolidados, pero no para sectores con maduración lenta o tecnologías emergentes. Una reforma reglamentaria podría habilitar modelos híbridos donde convivan pagos por hitos, ingresos regulados y mecanismos de “floor and cap” que amortigüen shocks de demanda. Esto ampliaría la gama de proyectos financiables y fomentaría la participación de nuevos actores, incluidos fondos de infraestructura internacionales.
En tercer lugar, el país necesita reforzar la disciplina fiscal asociada a las APP. La creación de un registro único y público de vigencias futuras comprometidas y disponibles, actualizado en tiempo real, permitiría planear con mayor rigor el pipeline de proyectos y evitaría situaciones como las recientes expiraciones de cupos por inacción administrativa. La transparencia es un mecanismo de gobernanza tanto como de atracción de capital.
Finalmente, Colombia debe expandir las fuentes de financiación. El desarrollo de un mercado doméstico de bonos de infraestructura, acompañado por estándares ESG claros y verificables, facilitaría atraer inversionistas institucionales. Complementariamente, un programa de garantías parciales, limitado y sujeto a desempeño, podría destrabar cierres financieros sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
El país no está ante una crisis terminal del modelo APP, sino ante la oportunidad de perfeccionarlo. El indicador más claro es que procesos como el del corredor El Estanquillo–Popayán continúan atrayendo interés, aun en un contexto desafiante. Si el Estado actúa con celeridad y precisión normativa, las APP pueden transformarse nuevamente en un motor de competitividad y desarrollo, en lugar de un termómetro de las tensiones financieras que hoy amenazan con ralentizar la infraestructura del país.