Formalizar sin certezas

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La reforma laboral ordenó crear una ruta de regularización para trabajadores extranjeros. Sin embargo, a pocas semanas de conocerse el decreto, las reglas que definirán su funcionamiento siguen siendo inciertas y las dudas sobre su viabilidad operativa permanecen abiertas. El plazo que la reforma laboral le dio a la Cancillería para reglamentar la regularización de trabajadores extranjeros venció sin decreto, tuvo que intervenir el Consejo de Estado para ordenarlo, y el proyecto que salió a consulta en junio debería expedirse en las próximas semanas. Antes de que ocurra, conviene preguntarse si la ruta está realmente lista para funcionar.

El principio del artículo 37 es loable y novedoso. Que sea el contrato de trabajo, y no la situación migratoria previa, lo que abra la puerta a la regularización es un cambio de enfoque relevante, y además no queda atado a una nacionalidad determinada. Hace algunos meses señalé que difícilmente un empleador contrataría para regularizar después, si el sistema no ofrecía un mínimo de seguridad jurídica para ambas partes. El proyecto parece haber comprendido esa realidad, pero hay, sin embargo, una tensión anterior a la ejecución. La ruta exige un contrato de trabajo formal, pero buena parte de la población que necesita regularizarse está precisamente fuera de la formalidad. En otras palabras, se diseñó una vía que exige por adelantado aquello que la regularización debería facilitar.

El primer problema práctico no surge cuando se firma el contrato, sino seis meses después. Para entonces el trabajador habrá prestado sus servicios, cotizado al sistema y consolidado una relación laboral operativa, pero su permanencia seguirá dependiendo de una decisión migratoria futura. Si la visa es inadmitida o negada, quedan abiertas varias preguntas que el proyecto no resuelve, por ejemplo: ¿termina el contrato y bajo qué causal?, ¿quién asume las consecuencias de una decisión que escapa al control de ambas partes? Lo que la regulación no resuelva, lo terminarán definiendo los jueces.

El segundo desafío es operativo ya que la ruta exige que Migración Colombia y la Cancillería absorban una nueva carga de solicitudes, pese a que ambas entidades ya enfrentan limitaciones de capacidad y de recurso humano para atender la demanda actual. También supone que los sistemas migratorios, laborales y de seguridad social operen de manera interoperable, cuando herramientas como el SIRE, el RUTEC y la PILA cumplen funciones distintas y a la fecha, no se comunican entre sí. El riesgo no es menor: una ruta diseñada para simplificar puede terminar trasladando sus complejidades a trabajadores, empleadores y funcionarios encargados de ejecutarla.

A ello se suma un nuevo documento temporal de identificación. Quienes acompañamos empresas y trabajadores extranjeros sabemos que, años después del PEP y del PPT, todavía persisten dificultades para afiliar trabajadores, acceder a productos financieros o realizar trámites cotidianos. Tampoco es menor lo que ocurre con los aportes y semanas cotizadas bajo identificaciones que no siempre se integran adecuadamente a la historia laboral definitiva.

El tercer problema es normativo ya que mientras se reglamenta una parte del artículo 37, sigue sin desarrollo aquella que exige a los extranjeros acreditar su idoneidad para ejercer profesiones reguladas. Un empleador podría registrar cargos como enfermería o ingeniería sin un mecanismo claro para verificar convalidaciones, licencias o tarjetas profesionales. No se trata de un requisito accesorio ya que cuando existe riesgo social, la acreditación de la idoneidad profesional constituye una exigencia de rango constitucional.

Nada de esto descalifica la iniciativa: Las políticas públicas no fracasan únicamente por malas ideas; con frecuencia fracasan porque las buenas ideas se implementan sin resolver las preguntas difíciles. El desafío ya no es la intención de la reforma, sino su viabilidad operativa, su coherencia regulatoria y la capacidad institucional para sostenerla en el tiempo. De lo contrario, los vacíos que hoy deja el diseño terminarán siendo asumidos por quienes menos deberían cargar con ellos: los empleadores y trabajadores. Porque una política de regularización no se mide por la amplitud de sus promesas, sino por las certezas que es capaz de ofrecer cuando llega el momento de aplicarla.