Evaluación jurídica 2.0

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La llegada, hace varios años ya, aunque con una tendencia de crecimiento especialmente marcada en los últimos, de la inteligencia artificial ha puesto a la educación jurídica frente a una pregunta que no deja de ser relevante y, a la vez, algo incómoda: si una herramienta puede responder correctamente buena parte de los exámenes de formación llamados a ser resueltos por nuestros estudiantes, ¿debe re-evaluarse la forma en la que evaluamos el conocimiento jurídico?

Durante años, el estudio del derecho se asoció, en buena medida, con la capacidad de memorizar contenidos: citar artículos, repetir definiciones, recordar estructuras normativas e incluso identificar letras y números de sentencias y leyes con extrema precisión. Eso, como lo he mencionado en columnas anteriores que versan sobre temas relacionados a este, no está mal. Por el contrario, sigo defendiendo el valor de la memoria, en un mundo como el actual, como una herramienta poderosa para el desarrollo del intelecto.

Ahora bien, en mis años como docente, que no son muchos, pero sí estimo que suficientes para compartir la experiencia, me he servido de aproximarme a distintas formas de evaluar el conocimiento jurídico de mis estudiantes, que van desde la evaluación “tradicional” de papel y lápiz, siempre importante y relevante, hasta la adopción de prácticas con formato de aprendizaje basado en problemas (los famosos “PBL” por sus siglas en inglés) o simulaciones de casos reales o inventados. También, aspectos que premian la creatividad, como el desarrollo de podcasts o charlas tipo TED, sobre temas vistos y trabajados durante las sesiones de clase.

Los resultados, a mi consideración, han sido reveladores. Explicar un concepto jurídico en un formato “no tradicional” como una charla tipo TED, defender una posición ante un panel externo, o asesorar a un cliente “ficticio” en una negociación ambientada en un salón de clase, exige criterio, creatividad y capacidad de comunicación. Ello obliga al estudiante a traducir el lenguaje jurídico, siempre complejo, en soluciones comprensibles y útiles para otras personas, a tomar decisiones frente a escenarios donde no existe verdad revelada o única respuesta, y a justificar posiciones. En mi opinión, estas dinámicas de evaluación se asemejan mucho más a lo que ocurre, en la vida real, en un mundo como el actual.

No dudo en afirmar que en esa diversidad se encuentra una de las principales oportunidades que la inteligencia artificial le ofrece a la educación jurídica: impulsarnos, como docentes y formadores de las generaciones que vienen en camino, a diseñar evaluaciones que permitan medir cómo piensa, cómo argumenta y cómo decide un estudiante y que, al mismo tiempo, le preparen para una vida profesional en la que el apoyo tecnológico será permanente, transversal y prácticamente inmediato.

Quizás estamos ante el nacimiento de una evaluación jurídica 2.0., como he querido llamar este fenómeno que intento describir y no porque haya existido formalmente una versión 1.0., sino porque la expresión permite evidenciar, estimo que con claridad, que estamos frente a una situación de cambio. La evaluación jurídica 2.0. ha de ser orientada a comprender qué es capaz de hacer un estudiante con aquello que sabe, con aquello que encuentra y, ahora también, con aquello que la inteligencia artificial le indica.

Y para ello, quienes tenemos la responsabilidad de formar a los futuros juristas estamos llamados a formularnos, cada vez con mayor frecuencia, honestidad y permanente introspección, la misma pregunta con la que abrí estas líneas: si la tecnología es capaz de resolver buena parte de nuestros exámenes, ¿estamos llamados a revaluar la forma en la que evaluamos lo que enseñamos?