La reforma de la Ley 30 debe modernizar la educación superior
25 de agosto de 2026Contenido
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Hay normas que conservan su vigencia porque fueron construidas sobre principios sólidos y que, con el tiempo, pueden actualizarse para responder a nuevas realidades. Ese es hoy el desafío de la Ley 30 de 1992. Durante más de tres décadas, este marco consolidó un sistema que fortaleció la autonomía, promovió la calidad y contribuyó a formar personas, producir conocimiento y generar desarrollo. Sin embargo, en las últimas tres décadas, Colombia ha cambiado profundamente, como también lo han hecho su economía, su sociedad, su demografía y la manera en que se produce y transmite el conocimiento.
Las transformaciones tecnológicas y sociales han sido más rápidas que nuestra capacidad regulatoria. Las profesiones y ocupaciones cambian, los saberes se actualizan y aprender ya no termina con un título. A esto se suma un cambio demográfico que tendrá profundas consecuencias, y es que habrá proporcionalmente menos jóvenes en edad de ingresar a la educación superior. El desafío será ampliar el acceso y ofrecer formación, actualización y reconversión a lo largo de toda la vida.
El acceso es solo el comienzo. Cerca de uno de cada tres estudiantes que ingresa a la educación superior no logra graduarse, y las brechas también aparecen en la permanencia, la orientación, la preparación previa y las oportunidades posteriores al título. Por eso, la política educativa debe mirar la trayectoria completa de cada estudiante y crear las condiciones para que la educación superior responda a las necesidades del país que viene.
La tendencia internacional apunta hacia sistemas flexibles, capaces de reconocer aprendizajes, actualizar saberes, estimular la innovación y evaluar resultados más que requisitos netamente formales.
La Ley 30 y el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, deben actualizarse en esa dirección. La reforma debe simplificar la creación y actualización de programas, facilitar la innovación curricular y reconocer microcredenciales y trayectorias modulares. Uno de los problemas de la regulación colombiana es que, en ocasiones, termina midiendo mejor la capacidad de una institución para cumplir un procedimiento que su capacidad para producir buenos resultados. Cuando una institución necesita años para actualizar un programa porque el procedimiento regulatorio avanza más lentamente que la disciplina que pretende enseñar, algo en el sistema necesita ser revisado. También debe fortalecerse el aseguramiento de la calidad mediante supervisión basada en riesgo que comprenda controles rigurosos donde existan riesgos para los estudiantes y mayor confianza para instituciones con calidad y buenos resultados.
El Marco Nacional de Cualificaciones ofrece una base para conectar educación, formación y trabajo, reconocer aprendizajes y facilitar la movilidad entre rutas formativas. La regulación debe aprovecharlo para acumular capacidades durante la vida, sin comenzar de cero ante cada nuevo aprendizaje.
Pero la flexibilidad debe responder a una preocupación concreta de los jóvenes y es que estudiar debe abrir oportunidades reales. La educación superior debe cultivar conocimiento, pensamiento crítico y ciudadanía, pero también ayudar a conseguir empleo, emprender, crear empresa e innovar. Un título pierde valor social cuando lo aprendido no dialoga con las oportunidades disponibles. La pertinencia también debe medirse por la capacidad de ampliar esas posibilidades.
Esto exige articular mejor la educación media, la formación para el trabajo y la educación técnica, tecnológica y universitaria, así como acercar, preservando la independencia académica, a universidades, empresas, Estado y regiones. La universidad debe preparar para el trabajo, formar personas capaces de adaptarse y transformar la sociedad.
En este proceso, la autonomía universitaria ocupa un lugar central. Es una garantía constitucional para la libertad académica, la investigación, la enseñanza y la creación de conocimiento. Modernizar la regulación requiere respetar las decisiones académicas y exigir transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad social. Una universidad autónoma debe poder decidir y crear con libertad, pero también explicar a la sociedad qué hace con esa libertad y qué resultados obtiene.
La educación tampoco puede convertirse en un terreno de disputa ideológica. Las diferencias sobre cómo financiar el sistema son legítimas; convertir la educación en bandera partidista empobrece la discusión. La educación debe ser uno de esos asuntos que Colombia sea capaz de proteger de las polarizaciones y convertir en propósito común.
También debemos superar la disyuntiva entre educación pública y privada. Ambas hacen parte de un sistema mixto esencial. El reto es articular capacidades para ampliar oportunidades, investigación, innovación y desarrollo regional.
El reciente terremoto también dejó una imagen que vale la pena llevar al debate educativo y es que, en medio de la emergencia, Colombia volvió a reconocer el valor de la solidaridad, del conocimiento puesto al servicio de otros y de la capacidad de trabajar juntos. Hay aprendizajes que ninguna tecnología puede sustituir. La educación también consiste en formar personas capaces de responder de esa manera cuando la sociedad las necesita.
La próxima reforma requiere un gran acuerdo nacional que convierta la educación superior en política de Estado y trascienda gobiernos. Porque discutir cómo se regula la educación superior es discutir qué oportunidades tendrán nuestros jóvenes, qué talento tendrá el país y qué sociedad construiremos.
El futuro de Colombia se forma. Necesitamos una regulación a la altura de los desafíos del país.