Una reforma tributaria tardía y la miopía fiscal en Colombia

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Quedando menos de dos años para que termine su mandato, el gobierno colombiano presentará una nueva reforma tributaria al Congreso para discusión.

Además de los problemas específicos del texto que se presentará, que analizaremos en próximas columnas y durante el proceso de discusión legislativa, lo que queremos profundizar hoy es la pertinencia o no de presentar una nueva reforma tributaria de cara a lo que debe ser una adecuada política fiscal.

Los beneficios de una política fiscal de largo o mediano plazo son evidentes: i) estabilidad económica; ii) reducción de la incertidumbre para los operadores económicos, lo que promueve el crecimiento económico y la generación de empleo; iii) promoción de la inversión a largo plazo y, en Colombia específicamente, promoción de la inversión extranjera; iv) mayor competitividad internacional; iv) recaudo más eficiente y progresivo, lo que reduce los niveles de evasión fiscal y v) mejora del gasto público, pues permite al gobierno planificar mejor su presupuesto y destinar los recursos públicos de manera más eficiente.

Desde 1990, Colombia ha implementado más de 12 reformas tributarias, un promedio de una cada dos años. Esta decisión de los gobiernos colombianos evidencia la miopía estructural con la que se ha manejado el sistema tributario durante décadas: no existe visión de mediano, ni mucho menos de largo plazo, en la política fiscal Colombiana.

La introducción de reformas improvisadas con objetivos inmediatistas y exclusivamente recaudatorios, hace que el país queda atrapado en un ciclo de cambios normativos constantes, afectando la eficiencia de los operadores económicos, dificultando la actividad fiscalizadora y recaudadora de la DIAN y erosionando la confianza inversionista.

Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Colombia se ubica en la posición 57 de 141 países, y uno de los factores más críticos es precisamente su carga tributaria y la incertidumbre regulatoria y, en comparación con los demás países miembros de la OCDE, Colombia tiene una de las estructuras tributarias más complejas y onerosas, tanto para empresas como para personas naturales.

No tener una visión estratégica del sistema fiscal del país ha derivado históricamente en grandes males, por mencionar dos:
• La deuda histórica de tener verdaderas herramientas de lucha contra la evasión. La DIAN estimó que, para el año 2023, la evasión del IVA fue del 23,6 %, mientras que la evasión del impuesto de renta fue del 23,2 % para personas naturales y del 31,6 % para personas jurídicas. Por su parte, el contrabando representó cerca del 10 % de las importaciones totales del país, lo que equivale aproximadamente al 1 % del PIB.
• Reformas improvisadas y con poca técnica legislativa, que terminan siendo declaradas total o parcialmente inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional, generando un mayor caos y desorden en el ya caótico e innavegable ordenamiento jurídico tributario Colombiano. Un ejemplo reciente es con respecto a la Ley 2277 de 2022, existen actualmente 26 demandas que cuestionan varios aspectos de la reforma.

Existen rasgos comunes en países cuyas economías son reflejo de políticas ficales mucho más avanzadas que la nuestras, algunos ejemplos son: Singapur, Alemania, Suecia y, en Latinoamérica, Chile. Dentro de estos rasgos podríamos identificar los siguientes: políticas fiscales de largo plazo, reglas fiscales estrictas y basadas en la sostenibilidad, control y reducción paulatina de la deuda pública, tasas impositivas competitivas.

El mensaje para este gobierno y para los que están por venir es que la política fiscal colombiana debe ser planificada y no debe estar atada a reformas improvisadas y de último minuto, dirigidas exclusivamente a tratar de solventar los déficits fiscales.