El dilema de las obras públicas prepagadas de valorización

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El Estado colombiano ha utilizado la contribución de valorización como un mecanismo para la financiación de obras públicas desde tiempo atrás. Se conoce que, desde inicios del siglo XX, el Congreso ha autorizado a los entes territoriales y a la Nación a cobrar tributos sobre los inmuebles que se beneficien con la ejecución de obras públicas, y a partir del artículo 338 de la Constitución tanto el Congreso como a las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales pueden autorizar el cobro de estos.

La contribución por valorización, en principio, responde a una lógica apropiada, pero en su implementación presenta un problema latente. Parece adecuado que quien se beneficia por la construcción de una obra en particular, contribuya a su financiación. Sin embargo, en la mayoría de casos el cobro de la contribución se hace antes del inicio de la construcción de las obras a financiar, de manera que terminan siendo obras que los contribuyentes prepagan para recibir un beneficio futuro.

El principal problema de la financiación anticipada de las obras es que si estas no se construyen o se construyen de manera distinta a la planeada, se pierde la razón de ser del cobro del tributo. La propia definición de la contribución de valorización establece que esta es una carga que se impone a los propietarios de los inmuebles que se vean beneficiados por las obras, y de ahí que su cálculo se hace a partir del valor de las obras a construir y la distancia entre obras e inmuebles. Así, si dichas obras no se construyen, el inmueble nunca se habrá beneficiado, o si sus condiciones cambian, el beneficio diferirá de lo calculado inicialmente.

Esta situación se puede ver en varias ciudades del país, pero el caso particular de Bogotá es muy diciente. En los últimos 20 años, el IDU ha cobrado la contribución de valorización a cientos de miles de inmuebles en forma previa a la construcción de las obras, y en la ejecución estas presentan graves problemas. Existen obras que se financiaron a partir del Acuerdo 523 de 2013 que a la fecha no han finalizado, y otras que se financiaron por el Acuerdo 724 de 2018 que debieron iniciar en 2020 y a la fecha ni siguiera han iniciado por no contar con estudios y diseños definitivos.

Existen varias razones por las que las obras de valorización no se terminan o se modifican. Desde la planeación de las obras se presentan deficiencias en su estructuración, ya que se inicia el cobro de la contribución sin contar con estudios y diseños, o con cálculos errados en el presupuesto. Además, el tiempo que pasa desde que la entidad presenta el proyecto de valorización hasta que inicia las obras, puede llegar a ser de varios años, con lo cual lo calculado suele presentar variaciones importantes. Finalmente, la ejecución de las obras se retrasa como consecuencia de mala planeación y falta de capacidad de muchos contratistas, acentuando el problema descrito.

La solución a este problema es evidente: no se debería cobrar la contribución de valorización anticipadamente. En esta línea, en las últimas semanas la alcaldía de Claudia López presentó un proyecto para modificar el Estatuto de Valorización de Bogotá, en el que propone limitar el momento para presentar acuerdos de valorización, buscando que sea durante o después de la ejecución de obra.

Este es un importante paso para solucionar el problema en Bogotá, pero la pregunta que queda es ¿qué pasará con el dinero de los contribuyentes que pagaron la contribución y nunca vieron las obras?