Las NDC en el Acuerdo de París: cooperación climática y oportunidades de inversión bajo el Artículo 6

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Bajo el Acuerdo de París, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son los compromisos que cada país presenta para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias nacionales.

Estas se desprenden del Artículo 6 del Acuerdo, el cual establece los mecanismos de cooperación voluntaria entre países, incluyendo el intercambio de resultados de mitigación con el fin de aumentar la ambición climática y promover el desarrollo sostenible.

Dichos mecanismos no son solo compromisos climáticos: son herramientas estratégicas para atraer inversión, financiamiento y tecnología, al tiempo que permiten a países como Colombia jugar un papel más relevante en el ámbito climático internacional.

Esto adquiere especial relevancia en el contexto económico actual del país, marcado por el reciente incremento de la tasa de interés de referencia establecido por el Banco de la República a comienzos de este mes. En este escenario, la implementación de esquemas de cooperación internacional se convierte en una herramienta estratégica para los distintos actores, ya que no solo permite acceder a capital externo, sino también a financiamiento más competitivo y condiciones favorables para la inversión, incluso por encima del mercado doméstico.

Bajo esta norma internacional se permite a los Estados cooperar voluntariamente para cumplir sus compromisos climáticos mediante la transferencia internacional de resultados de mitigación, siempre que se evite la doble contabilización y se garantice la transparencia.

Así, los países que cumplan con sus compromisos de mitigación pueden transferir una parte de estos resultados a otros Estados que necesiten cumplir sus NDC. A cambio, el país que realiza la transferencia recibirá inversión, financiamiento o acceso a tecnología.

A modo de ejemplo, si Colombia genera reducciones de emisiones superiores a las establecidas en sus compromisos, podría transferir dicho excedente a otro país en el marco del Artículo 6, recibiendo a cambio inversión que permita, a su vez, desarrollar este tipo de proyectos a nivel nacional. En este sentido, resulta clave la coordinación entre los agentes del sector privado y el Gobierno para materializar estos mecanismos de cooperación y maximizar los beneficios para ambas partes.

Una muestra clara del impacto de este mecanismo son las iniciativas como el Combustible Sostenible de Aviación - Sustainable Aviation Fuel (SAF), el cual ha experimentado un despegue sostenido en los últimos años y en el cual Colombia se posiciona como un escenario de primera clase.

Aunque el SAF constituye una alternativa altamente atractiva tanto desde el punto de vista ambiental como de inversión, plantea un interrogante central para las economías en desarrollo: ¿hasta qué punto sería necesario comprometer la conectividad aérea —entendida como la posibilidad de que un mayor número de personas acceda al transporte aéreo a tarifas asequibles— para cumplir con los objetivos climáticos, dadas las consideraciones económicas asociadas a su implementación?

Lo anterior, considerando además, que ni las economías en desarrollo ni el sector de la aviación son los principales responsables de las emisiones globales de carbono, y podrían enfrentar impactos económicos o sociales derivados de la transición climática, pese a que se anticipa que el balance global de estas medidas resulta positivo.

A través de estos esquemas, esta tensión se atenúa y se crean condiciones para resultados favorables para los distintos actores involucrados. Especialmente en la intersección entre aviación, clima y diplomacia, Colombia tiene la oportunidad de desempeñar un papel relevante y estratégico.

Ahora, más allá del SAF, lo anterior aplica a todo tipo de iniciativas de financiación sostenible, que se espera experimenten un auge sin precedentes este año, posicionando a Colombia como un actor clave en la construcción de un futuro más verde, competitivo y conectado a nivel global. La aplicación de este tipo oportunidades en el contexto nacional permitirá atraer inversión extranjera e impulsar la innovación, al tiempo que se avanza en la transición hacia una economía baja en carbono.