El retroceso histórico de Colombia en la lucha contra las drogas y la protección ambiental
18 de septiembre de 2025Contenido
La desertificación de Colombia es hoy una consecuencia nefasta que no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la lucha contra las drogas, sino también desde la regresión en materia de protección ambiental. Este fenómeno debe comprenderse como la consecuencia directa de la omisión del Estado en su deber de enfrentar el narcotráfico con seriedad, coherencia y eficacia. La expansión de los cultivos ilícitos ha generado un proceso de degradación de suelos, deforestación masiva y pérdida de biodiversidad que compromete los derechos de las generaciones presentes y futuras. Esta situación no es producto del azar, sino de una política pública orientada a desestructurar los mecanismos de erradicación, bajo la narrativa de una “paz total” que en los hechos ha debilitado la capacidad estatal para cumplir con sus compromisos internacionales.
Colombia es Estado parte de las Convenciones de Naciones Unidas contra las drogas y el crimen organizado, y ha asumido obligaciones precisas de prevenir la proliferación de cultivos ilícitos, erradicar el narcotráfico y garantizar la protección de los recursos naturales frente a economías criminales. La Corte Internacional de Justicia y diversos órganos de supervisión en el ámbito internacional han sostenido que los Estados no pueden justificar la inacción frente a fenómenos ilícitos transnacionales apelando a consideraciones políticas internas. La llamada paz total, al carecer de un componente real de control territorial y de sustitución efectiva de economías ilegales, se traduce en una renuncia del gobierno a ejercer con debida diligencia sus deberes internacionales, generando un vacío normativo y operativo que fortalece a los grupos armados organizados.
La responsabilidad internacional del Estado colombiano puede configurarse tanto por acción como por omisión. En este caso, la omisión es evidente: el gobierno ha debilitado la erradicación manual y aérea, ha reducido la capacidad de control de la Fuerza Pública y ha permitido la consolidación de enclaves criminales en territorios históricamente golpeados por la violencia. Esta conducta no solo desconoce el deber de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, sino que expone a Colombia a un escenario de responsabilidad por incumplimiento de sus compromisos multilaterales en materia de drogas, crimen organizado y medio ambiente.
El discurso oficial que pretende justificar la desertificación y atribuir responsabilidades a otros es jurídicamente insostenible. Ningún instrumento internacional autoriza a los Estados a renunciar a su deber de prevenir y combatir el narcotráfico. Por el contrario, las convenciones obligan a adoptar medidas eficaces, proporcionales y sostenidas para evitar la expansión de estas economías ilícitas. El incremento de los cultivos en zonas como el Putumayo, el Cauca, Nariño y Catatumbo no es, por tanto, un mero efecto colateral: es el síntoma más grave de una omisión estructural del Estado colombiano bajo la actual administración.
En el plano ambiental, miles de hectáreas se convierten en tierras estériles, afectando la seguridad alimentaria nacional y generando un pasivo ecológico imposible de asumir en el corto plazo. En el plano económico, la pérdida de productividad legal mina la confianza inversionista y condena a comunidades enteras a la dependencia de rentas ilícitas. En el plano internacional, Colombia pierde credibilidad como socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico, abriendo la puerta a una masiva estigmatización contra todos los colombianos y a una reducción en la cooperación internacional que históricamente ha apoyado al país.
La política del presidente Gustavo Petro, al priorizar una retórica de negociación con estructuras armadas y criminales sin exigir la renuncia inmediata y verificable a las economías ilícitas, no constituye un camino hacia la paz, sino una forma de legitimación indirecta del narcotráfico como actor económico y territorial. Esta estrategia erosiono los cimientos del Estado de Derecho, incumple los compromisos internacionales y pone en riesgo la soberanía misma del país frente a organizaciones criminales que sustituyen la autoridad estatal.
La obligación de Colombia es clara: erradicar, prevenir y sancionar. Cualquier desviación de este mandato constituye un incumplimiento grave que afecta tanto la estabilidad interna como la posición internacional del país. El actual gobierno ha optado por la omisión, y esa omisión se traduce en desertificación, pérdida de legitimidad y en un retroceso histórico en la protección de los derechos humanos, de la naturaleza y de la seguridad nacional.