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Entre enero y abril de 2026 se han registrado 48 masacres en Colombia con al menos 229 víctimas mortales, el arranque de año más violento con esa medición desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. En las últimas semanas, una oleada de atentados terroristas en diferentes zonas del país ha confirmado lo que los índices internacionales vienen advirtiendo: Colombia llega a sus elecciones presidenciales con un deterioro profundo de las condiciones mínimas para un proceso democrático libre y seguro.
¿Qué revelan los datos sobre violencia política en Colombia en relación con las elecciones de 2026?
Los datos en los territorios sugieren que la política de la Paz Total ha tenido un efecto evidente en la situación de seguridad en el país. La Paz Total se concibió como una estrategia de negociación simultánea con múltiples actores armados. En la práctica, los ceses al fuego sucesivos permitieron a esas estructuras consolidar su presencia territorial. Eso, sin duda, tiene que ver con cómo llega la democracia colombiana a un proceso electoral tan importante.
Si contrastamos los resultados del Democracy Index 2025 (en el que Colombia quedó al borde de ser clasificada como un régimen híbrido) con el Mapa de Riesgo Electoral 2026 de la Misión de Observación Electoral, que son datos internos, el diagnóstico sobre el estado de la democracia en el país es preocupante. El informe de la MOE muestra que los municipios en riesgo extremo de violencia pasaron de sesenta y ocho en 2022 a ciento veintiséis: un aumento del 85%. Eso ya es alarmante. Pero lo que resulta particularmente grave es lo que ocurre en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, los territorios diseñados como principales beneficiarios del Acuerdo de Paz de 2016. Hoy, el 45% de esos municipios está en riesgo extremo de violencia. En el Catatumbo, ocho de ocho. El cien por ciento.
El informe de la MOE refleja una metástasis de la inseguridad que alcanzó a las principales capitales, ubicando a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga bajo riesgo extremo por factores de violencia. Peor aún, al observar el mapa de riesgo consolidado, los datos revelan que 56 municipios escalaron a nivel de alerta extrema frente a 2022, y de estos, 44 pasaron de no tener riesgo alguno a la alerta máxima en un solo ciclo electoral. Y los datos de 2026 no hacen sino agravar el panorama: 48 masacres con 229 víctimas en los primeros cuatro meses del año según Indepaz. El inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz, sumado a una oleada reciente de atentados terroristas en distintas regiones. La pregunta que surge es inevitable: ¿en qué condiciones se celebrará la elección presidencial de 2026?
¿Y eso qué significa en la práctica para los ciudadanos que votarán en esos territorios?
Una democracia requiere, como mínimo, que los ciudadanos puedan participar de manera efectiva, en condiciones de igualdad. En esos territorios, ninguna de esas condiciones se cumple. Las decisiones colectivas no las toman los ciudadanos; las imponen actores armados que han suplantado al Estado. Una política de paz cuyo resultado medible es el agravamiento de la violencia en los territorios que debía pacificar exige una evaluación rigurosa, no una defensa ideológica orientada a su continuidad.
¿Qué implicaciones tiene todo esto para la legitimidad del próximo gobierno?
Las elecciones de 2026 serán, en parte, una prueba sobre si Colombia puede garantizar condiciones mínimas de seguridad para la participación política libre. Lo que las mediciones internacionales sobre el estado de la democracia en Colombia reflejan es precisamente un problema de seguridad que tiene consecuencias directas sobre la legitimidad de los resultados. Si en cientos de municipios los actores armados determinan quién puede hacer campaña; si la violencia elimina candidatos antes de que la ciudadanía pueda elegirlos; si el electorado de un tercio del territorio vota bajo coacción o intimidación, el resultado electoral nace con un déficit de legitimidad estructural.
El problema trasciende a quien gane. Un gobierno elegido bajo competencia restringida por la violencia tiene menos capacidad de invocar un mandato democrático pleno, y esa fragilidad se proyecta sobre toda la institucionalidad: la relación entre poderes, la capacidad de implementar reformas, la credibilidad internacional del Estado. Pero hay un segundo efecto, menos visible y quizás más duradero, que es el de la autocensura: líderes opositores que no hacen oposición, periodistas que no cubren ciertas regiones, organizaciones sociales que no se movilizan en determinados territorios, etc.
¿Cuáles son los escenarios posibles y qué tendría que ocurrir para que Colombia pueda celebrar elecciones en condiciones democráticas?
Los escenarios son dos. En el primero, las elecciones transcurren en condiciones mínimas de seguridad, los resultados son reconocidos por todos los actores políticos y la transición de poder se produce de manera pacífica. Ese resultado le permitiría a Colombia estabilizar su institucionalidad, recuperar terreno en los índices internacionales y detener el deterioro democrático. En el segundo escenario (violencia generalizada, irregularidades masivas o desconocimiento de los resultados), el país no solo pasaría a ser clasificado como régimen híbrido, enfrentaría además una crisis institucional profunda cuyas consecuencias se proyectarían mucho más allá del ciclo electoral.
Revertir esta tendencia exige actuar en, al menos, tres frentes. El primero, y el más importante, garantizar la seguridad de quienes participan en política, porque no hay democracia si quienes la ejercen son asesinados con impunidad. Además, debe preservarse la separación de poderes como condición no negociable. Ese es un elemento fundamental del Estado constitucional de Derecho. Finalmente, reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones, con resultados concretos en políticas sociales y la representación efectiva de los diferentes sectores de la sociedad.
Las democracias contemporáneas, más que por golpes de Estado, mueren por la erosión gradual de las normas e instituciones que las sostienen. Colombia tiene instituciones que, con todas sus fallas, han mostrado resiliencia. La pregunta más allá de quién ganará las elecciones es si esa resiliencia alcanzará para superar el ciclo de deterioro democrático e institucional que los índices internacionales y las estadísticas locales ya empiezan a documentar.