Infraestructura social: la gran apuesta del Plan Nacional de Desarrollo Colombia
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A finales del año 2023, el Gobierno nacional presentó su propuesta de desarrollo de proyectos de infraestructura social a través de asociaciones público-privadas. Este anuncio complementa el portafolio de proyectos de infraestructura concesionada en Colombia para el período comprendido entre 2022 y 2026. Esta nueva apuesta redirecciona el futuro de la infraestructura del país en el mediano y largo plazo, y marca una diferencia frente al impulso que previamente se había dado con la adjudicación de proyectos mayoritariamente de infraestructura vial, en el marco del programa de cuarta generación de carreteras.
¿Cuáles son los sectores en los que se espera la adjudicación y desarrollo de nuevos proyectos?
La nueva propuesta del Gobierno se enfoca prioritariamente en tres grandes sectores propios de la infraestructura social tales como la red hospitalaria, los centros educativos y los proyectos de tratamiento de aguas residuales. En este contexto, el artículo 105 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” le atribuyó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la capacidad de estructurar y contratar este tipo de proyectos con el fin de ampliar la infraestructura social en articulación con las entidades territoriales.
En este contexto, se encuentran en etapa de estructuración plantas de tratamiento de aguas residuales, acueductos, hospitales y redes de colegios en diferentes ciudades y departamentos del país. Dentro de los procesos más adelantados destaca el Hospital de Engativá, cuya licitación se abrió a finales del 2023. Se espera que durante el mandato del actual Gobierno se abran nuevas licitaciones en el marco de la infraestructura social, como, por ejemplo, el Plan de Desarrollo presentado por la Alcaldía de Cali el pasado 29 de abril, en el que se incluyen cuatro grandes proyectos del sector hospitalario de la ciudad.
¿Cuáles son los principales retos para el desarrollo de estos proyectos?
En primer lugar, el desarrollo de esta nueva facultad de la ANI supone un cambio frente al desarrollo de la infraestructura vial de carreteras y comprende la vinculación de las entidades territoriales en el proceso de estructuración y adjudicación de los respectivos contratos. Las entidades territoriales deberán apoyarse en la experiencia que ha ganado la ANI en la última década, en la estructuración y cierre de estos proyectos. Un ejemplo destacable es el Hospital de Bosa, que ya se encuentra en operación y vinculó de manera exitosa a la Secretaría de Educación de Bogotá.
Por otro lado, si bien Colombia ha ganado experiencia en proyectos de infraestructura vial, es necesario reconocer que cada sector tiene unas condiciones técnicas, sociales y ambientales particulares, que deberán ser abordados de forma eficiente tanto en la estructuración como en la financiación de los respectivos proyectos. Así mismo, en la medida en que este tipo de proyectos tiene un período de construcción más reducido, y un mecanismo de financiación basado en su mayoría en vigencias futuras de las respectivas entidades, los cierres financieros deberán ser más eficientes para lograr otorgar los recursos necesarios en los plazos perentorios que se establecen para la entrega de las obras.
En el marco de la financiación, y tomando en consideraciones que los nuevos actores son entidades territoriales que tienen diferentes capacidades de endeudamiento y de cupo de inversión, será importante dinamizar los mecanismos de financiación de estas obras. Dentro de estas alternativas se encuentra el desarrollo de obras por impuestos, adoptado por ejemplo en el proyecto de Plan de Desarrollo de Bogotá, presentado el pasado 30 de abril, que le permitirá al distrito financiar obras de infraestructura mediante la expedición de títulos negociables para el pago de impuestos distritales.
*Nicolás Angulo, asociado Sénior en Garrigues